El ministro del Interior, Carlos Negro, acompañado por la subsecretaria Gabriela Valverde y el equipo del Ministerio, compareció ante la Comisión Especial de Seguridad y Convivencia de la Cámara de Diputados.
El diputado Nicolás Mesa, del Movimiento de Participación Popular (MPP) por San José y vicepresidente de la Comisión Especial de Seguridad y Convivencia de la Cámara de Diputados, dialogó con La Mañana sobre esta convocatoria que tuvo como objetivo conocer el estado de situación y la planificación del Ministerio del Interior en materia de seguridad para los próximos años. Los tres temas principales fueron reducción de la tasa de homicidios, control de la proliferación de armas de fuego y reforma del sistema penitenciario.
Mesa destacó que esta fue la tercera visita del ministro al Parlamento en pocos meses, lo que consideró “muy positivo en un tema muy sensible, muy importante y que necesita determinados marcos de acuerdo más allá de los partidos políticos, como es el tema de la seguridad y de la convivencia”. La sesión, que se extendió por casi cinco horas, permitió un intercambio de “información muy rica, muy sólida por parte del ministerio”. Según Mesa, la oposición planteó “preguntas legítimas y aportes” y expresó la voluntad de llegar a acuerdos para abordar un problema que no es exclusivo de un solo partido político, ya que “nadie tiene la varita mágica para solucionar estos temas”.
Entre los principales desafíos identificados, el legislador del MPP señaló la urgencia de “bajar el número de homicidios”, un tema que “preocupa mucho” al Ministerio. También se abordó el control de las armas ilegales en la población civil. El diputado indicó que “se calcula que hay 600,000 armas registradas y, según estudios, por cada una registrada habría otra no registrada, lo que implicaría más de un millón de armas en Uruguay”. En este sentido, explicó que el Ministerio busca “profundizar la fiscalización” para localizar estas armas y determinar quiénes las poseen, además de establecer requisitos más estrictos para la adquisición legal. “No puede ser que comprar un arma sea como ir a comprar un pan flauta a una panadería”, afirmó, aclarando que el enfoque no es desarmar a quienes tienen porte legal, sino controlar las armas no registradas. Al consultarlo sobre qué opinaba con respecto a un reciente encuentro de defensores de la tenencia de armas, Mesa señaló que el mensaje del Ministerio es claro: “No es ese, el de las armas registradas, el planteo de desarme”, sino que el problema radica en las armas no registradas.
Trascender gobiernos
El sistema carcelario fue otro tema central. “No podemos hablar de seguridad si no hablamos del sistema carcelario”, afirmó el diputado. Además, expresó que existe un “amplio consenso” entre los partidos para descentralizar el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) y sacarlo de la órbita del Ministerio del Interior, independientemente de la creación de un Ministerio de Justicia. Sin embargo, aclaró que los plazos y la forma de esta descentralización dependen del Poder Ejecutivo. El aumento del narcotráfico y el crimen organizado, un fenómeno que afecta a Uruguay, la región y el mundo, fue otro punto destacado. Mesa indicó que enfrentar este problema requiere “la construcción de políticas de Estado” y acuerdos con la sociedad, incluyendo a la academia, organizaciones sociales y otras entidades vinculadas. En este contexto, el Ministerio del Interior impulsa un Plan Nacional de Seguridad “con luces largas”, diseñado para trascender gobiernos y convertirse en una “hoja de ruta” para futuros períodos. “No es el plan de un ministro ni de un gobierno”, afirmó Mesa, destacando la intención de construir consensos duraderos con la participación de todos los sectores políticos y sociales.
Que no sea “botín electoral”
En términos operativos, Mesa detalló varias medidas implementadas por el Ministerio del Interior. Entre estas, destacó el fortalecimiento de la policía comunitaria, que “ayuda a detectar problemas” en los barrios y facilita información para investigaciones criminales al generar cercanía con los vecinos. “Hay lugares donde la gente no confía en el policía, no quiere ir a la seccional a hacer la denuncia, pero con el policía comunitario se siente más cercano”, explicó. También mencionó la incorporación de becarios universitarios para tareas administrativas en las seccionales, lo que permite que los policías ejecutivos se enfoquen en patrullajes. “La tarea de un policía ejecutivo solo la puede hacer el policía ejecutivo”, señaló. Citando al ministro Carlos Negro, comparó el Ministerio con “un auto que va a gran velocidad y que hay que cambiarle una rueda, pero no se puede parar”, subrayando la necesidad de planificar a largo plazo mientras se ejecutan operativos en el presente.
Mesa afirmó que la seguridad sigue siendo “uno de los temas más sensibles que más preocupa a la gente desde hace mucho tiempo”. Abogó por sacarla de la “lógica electoral” y construir acuerdos entre los partidos políticos y la sociedad. Advirtió sobre el avance del crimen organizado en la región, citando el caso de Rosario, Argentina, como un ejemplo grave, y afirmó que Uruguay “está a tiempo” de evitar una situación similar si se actúa sobre los puntos de acuerdo. “Llegó el momento de actuar sobre los puntos en que tenemos acuerdo”, concluyó, enfatizando que “deberíamos tener una especie de acuerdo entre los partidos políticos de que la seguridad no sea un botín electoral” para garantizar una estrategia efectiva y sostenible.
“Disuasión focalizada”
Por su parte, el ministro Negro destacó que el gobierno está trabajando en una estrategia de “disuasión focalizada”, enfocada en “atacar a los delincuentes más violentos”. Según explicó tras comparecer en la Comisión, el objetivo es “reducir los guarismos de violencia atacando a aquellos criminales que hacen de la violencia el uso frecuente y a los más violentos entre ellos”. En este sentido, también subrayó la importancia de la “represión inteligente al delito de narcotráfico”, que, según afirmó, tiene “ramificaciones en violencia, lavado de activos y otros fenómenos delictivos”.
El ministro resaltó el uso de tecnología en la investigación y represión del delito, mencionando “mejoras que estamos implementando en este breve período para incrementar los recursos tecnológicos del Ministerio”. Entre las iniciativas, destacó el fortalecimiento de la policía comunitaria, con un nuevo despliegue que será presentado en los próximos días a través de la Dirección Nacional de Policía Comunitaria, orientada a la “solución de problemas” en los barrios. “La policía comunitaria tiene una doble función: hablar con los vecinos, en permanente comunicación con los ciudadanos, y recolectar información válida para la investigación criminal”, explicó. Sobre el despliegue de esta Policía comunitaria, Negro indicó que no se limitará a barrios específicos, pero se priorizarán zonas con mayores problemas de seguridad. Además, mencionó que se están cubriendo 1300 vacantes en la Policía, con unas 900 aún pendientes, y se espera contar con recursos suficientes tras la aprobación de la Ley de Presupuesto.
Otro punto tratado en la comisión fue con respecto a la tenencia de armas. En cuanto a la iniciativa que lleva adelante el ministerio, Negro aclaró que no se trata de un simple “desarme”, sino de un proyecto integral que incluye un programa de entrega voluntaria de armas, aunque reconoció las “limitantes” de estas iniciativas y su “relativo impacto” en la reducción de armas ilegales. “Estamos trabajando en un proyecto relacionado a armas que abarque varios aspectos, incluida la sensibilización sobre los peligros de la tenencia irresponsable o ilegal”, afirmó.
En cuanto al diseño de un plan nacional de seguridad pública, enfatizó que se busca una construcción “participativa, de abajo hacia arriba”, incorporando a partidos políticos y organizaciones sociales. “Hubiera sido muy sencillo traer un plan ya diseñado, pero queremos incorporar los saberes y la coparticipación de todos los sectores”, señaló, añadiendo que la próxima etapa será convocar a un diálogo social y político.
