El flagelo de las adicciones necesita ser tratado desde varios frentes. Fazenda de la Esperanza parte de la condición humana para comenzar la recuperación; en tanto que a nivel parlamentario el Partido Colorado y Cabildo Abierto presentaron un proyecto de “voluntad anticipada” para la internación de personas en situación de consumo abusivo de drogas que tiene media sanción parlamentaria, pero duerme en el Senado.
En el programa La voz de La Mañana (radio Oriental) de este sábado 12 de noviembre se entrevistó al coordinador de la comunidad terapéutica Fazenda de la Esperanza, Gastón Arce, y a la diputada Silvana Pérez Bonavita (Cabildo Abierto). El primero explicó la tarea que Fazenda de la Esperanza desarrolla con personas que atraviesan algún tipo de adicción, en tanto que la legisladora se refirió al proyecto de ley sobre la voluntad anticipada para la internación de personas en situación de consumo abusivo de drogas.
Fazenda de la Esperanza es una institución católica abierta a todos los que sufren alguna adicción, no solamente a causa de las drogas, y que no requiere ser católico para poder ser parte. Fundada hace 40 años posee 160 centros en 27 países de los 5 continentes.
“Lo que más me gusta de la Fazenda es que cuando la persona atraviesa la puerta de ingreso de alguna de las comunidades deja de ser tratado como un adicto, depresivo, ludópata o cualquiera sea la circunstancia, para empezar a ser tratado como una persona. Tenes la oportunidad de empezar de cero, como una hoja en blanco”, explicó.
Lo que se hace es “tratar de borrar el estigma para que podamos creer que no estamos marcados, que podemos reconstruirnos. Es muy difícil romper con las limitaciones del estigma, y para hacerlo la persona tiene que saber que no lo está”. De lo contrario, “va a quedar limitada para el resto de su vida”. “Es la reconstrucción de la dignidad lo que te permite tener confianza en sí mismo”, destacó.
En ese sentido Fazenda de la Esperanza “es un proyecto de vida, no solo un centro de rehabilitación, por lo tanto solo están quienes quieren estar”, de ahí “la importancia de la intención y de la voluntad de la persona”.
Allí las experiencias de vida son “miles”, porque todos somos diferentes. “Están los que llegan de la calle, otros tienen una familia constituida, son muchas las diferencias”, aun así “el método de la Fazenda es el mismo para todos y funciona para todos porque se va a lo esencial de la persona, a eso que todos tenemos en común que es nuestra condición de ser humano”.
Como seres humanos, los “aspectos fundamentales en los que se reeduca a las personas” son tres: “La convivencia, la espiritualidad y el trabajo. A partir de esos aspectos constitutivos se reeduca en nuevos hábitos que permiten llevar una vida como la mayoría”, esto es “levantarse a determinada hora, comer cuatro veces por día, tener un espacio para el deporte, un espacio para la espiritualidad, para vincularte con los otros, para pensar en el otro”.
“A partir de esos tres elementos se construyen hábitos que garantizan el éxito del sostenimiento de la sobriedad en el largo plazo. Esos tres aspectos atraviesan a todos” sin importar la condición particular de cada uno, aunque también hay matices.
Un proyecto de ley que “duerme en el Senado”
La diputada Pérez Bonavita se refirió al proyecto de voluntad anticipada para la internación de personas en situación de consumo abusivo de drogas, una iniciativa parlamentaria que tuvo en la legisladora una fuerte impulsora. El proyecto fue aprobado en Diputados y espera su tratamiento en el Senado.
Lo primero que hay que aclarar, porque muchas veces se confunde, es que no es el proyecto de internación compulsiva, sino de uno muy distinto que contó con el empuje de Madres de Cerro, la organización que integran las madres y familiares de personas con problemas de drogadicción.
En primera instancia el proyecto había sido presentado por la diputada colorada Nibia Reisch pero no prosperó. Sin embargo, durante el primer año de esta legislatura Pérez Bonavita presidió la Comisión de Salud Pública de Diputados y allí tomó la decisión de “darle prioridad a este tema que es un flagelo de la sociedad desde hace mucho tiempo y sobre el cual hay que hacer todo lo posible para que los jóvenes no sigan cayendo” en el problema de las drogas. Se recibieron sugerencias de las delegaciones que asistieron a la Comisión de Salud, el texto fue modificado con esos aportes y el proyecto fue presentado por el Partido Colorado y Cabildo Abierto.
“El primer año lo dedicamos al estudio del proyecto, tuvimos muchísima oposición, pero nosotros seguimos adelante logrando su aprobación en la Comisión de Salud” con los votos de Nibia Reisch (Partido Colorado) y Alfredo de Mattos (Partido Nacional), además de la propia Silvana Pérez. Votaron en contra las diputadas del Frente Amplio, Lucía Etcheverry Lima y Cristina Lustemberg que son quienes integran la Comisión de Salud por la oposición.
El siguiente paso fue poner el tema en la agenda del plenario, lo cual fue “difícil”. El primer año “no se logró, pero en octubre de 2021 fue aprobado por la coalición” de Gobierno a excepción del Partido Independiente y de la oposición, el Frente Amplio. Actualmente el proyecto “está durmiendo en el Senado sin haber sido tratado”.
Los argumentos del Partido Independiente y del Frente Amplio para oponerse el proyecto es que se incide en la libertad de las personas. Pero “nosotros creemos que una persona en ese estado”, afectada por el consumo de alguna sustancia, “lo que más necesita es ayuda”, y ese argumento para no dársela “no lo entendemos ni compartimos” porque se dan todas las garantías.
“El proyecto apunta a que la persona que sufre una adicción, en un momento de lucidez pueda, junto a su familia si es menor de edad o con quien elija en caso de ser mayor, firmar una voluntad anticipada de que en caso de recaer pueda ser internada. Esto es importante porque estamos hablando de personas con voluntad, que en un momento de lucidez no quieren volver a pasar por eso. Esto es impulsado por las propias familias, quieren tener esta herramienta para no ver a sus hijos caer nuevamente en ese flagelo”, expresó la diputada.
Otro elemento que se debe destacar, es que “en el proyecto de ley nos aseguramos que quien evalúa esa situación es un psiquiatra” con lo cual se “cumple con todas las garantías para la persona, la familia y la institución médica”.
Otra de las críticas de quienes están en desacuerdo es que el proyecto “no garantiza la internación en instituciones públicas porque la internación pude ser en centros de salud públicos o privados, y se criticó que eso no era posible para todos”.
Ese argumento no apoya a las familias “que venden todo para pagar una clínica privada” donde atender al familiar y luego ese esfuerzo no tiene efecto porque ante una recaída “no hay garantía de que la persona se cure. Cuando se da esa situación la familia necesita que de una forma u otra la persona se interne” y la forma de poder hacerlo es con este proyecto de ley.
La diputada también expresó su desacuerdo con el accionar de la Junta Nacional de Drogas cuyo secretario general, el Dr. Daniel Radio se opuso. “Hubiera sido importante contar con su apoyo porque esos organismos deberían ser los primeros para impulsar este tipo de propuestas”, comentó.
Por otra parte, no es menor que el Ministerio de Salud Pública “esté de acuerdo con el proyecto, y por eso entendemos que hay posibilidades” positivas de sacarlo adelante.
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