Leyendo una nota de Adolfo Garcé, en el semanario Búsqueda, titulada: “El devaluado derecho a la verdad” –dicho sea de paso, una inteligente reflexión sobre la cada vez más pobre realidad, socio–política en que estamos inmersos– inmediatamente se me vino a la cabeza la manida “historia reciente”. Debo decir: la reconstrucción discursiva de ciertos acontecimientos interpretados en favor de una ideología, concretamente la marxista, para ser más preciso.
Un relato sobre los “DD.HH.” que, trascurridos cuarenta años, aún nos mantiene divididos e inmovilizados, sin encontrar la verdad, y bajo la sombra cada vez más oscura de la justicia. Mientras tanto, continuamos peregrinando, entre mentiras e injusticias.
Archisabido es que en la legislatura antepasada se desoyó la democrática decisión de los uruguayos manifiesta en dos oportunidades (Referéndum de 1989 y Plebiscito de 2009), respecto a que caducara una eventual pretensión del Estado de punir a militares, policías y ciudadanos civiles que combatieron o de alguna forma se vieron involucrados en la guerra interna que padeció nuestra nación en las décadas de los 60’ y 70’.
Con relación a esto, días atrás, en una ejemplar actitud de coherencia ciudadana, responsabilidad ante sus representados, compromiso con su función y encomiable valor político para enfrentarse a la inconcebiblemente intacta hegemonía cultural de la izquierda, el diputado Carlos Testa presentó un proyecto de ley a efectos de revertir el atropello jurídico-político.
Es un principio innegable que dentro de nuestro cuerpo normativo la Constitución de la República –pináculo de la jerarquía jurídica– es considerada fuente, pilar y garantía del sistema institucional, además de matriz de todas las leyes, referente instrumental del Estado de derecho y base de la convivencia social; como que asimismo varios de sus artículos reconocen en el voto ciudadano la expresión superior e incontestable de la voluntad nacional. Por ello, no hay instancia en el Parlamento, en la Suprema Corte de Justicia, en el Poder Ejecutivo y –no debería haberla– en ninguno de los tribunales internacionales que goce de mayor legitimidad que la expresión del soberano cuando, conforme a las leyes electorales vigentes, se expresa respecto a los temas sobre los que se le ha consultado.
Es así que, en los actos electorales mencionados, los orientales expresamos de forma clara y contundente nuestro deseo de que los policías, los militares y los civiles que combatieron y derrotaron al terrorismo que atentó contra el Estado –sus instituciones, sus autoridades y sus conciudadanos–, no deberían ser alcanzados por la justicia ante eventuales reclamos o acusaciones. Esta posición fue ratificada ¡en dos oportunidades!, por lo que resulta lisa y llanamente incontestable.
A pesar de ello, en el año 2011 la voluntad popular de mantener la vigencia de la ley de caducidad fue torcida por una bancada parlamentaria que, con una mayoría circunstancial conseguida a los ponchazos, votó una norma interpretativa que, en los hechos, vino a invalidar la Ley de Caducidad. Y al decir del diputado Testa, más de la mitad de la ciudadanía se sintió “estafada” por esa tropelía.
Esta ley, por su irreprochable proceso legislativo: a) inicialmente votada por el Parlamento (en una democracia representativa) b) promulgada por el Poder Ejecutivo, c) además, declarada constitucional por la S.C.J., y d) ratificada en dos oportunidades por el voto popular, ocupa el primer lugar en el podio como la más legitimada de las leyes que registran los anales parlamentarios de nuestro país. Así pues, cuando el legislador, sirviéndose de cualquier artilugio político, desconoce la voluntad del soberano, está minando los cimientos de la Constitución.
Hoy, los legisladores de la coalición de gobierno que abogan francamente para que la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado recupere su capacidad jurídica, son los de Cabildo Abierto en general, con alguna respetable excepción, y el diputado Testa en particular. En los demás partidos, se empiezan a oír voces que tímidamente expresan conformidad con la idea.
Más allá de por “sentirse legalmente estafado” como ciudadano al igual que miles de ciudadanos a los que representa, el espíritu de su proyecto contempla “otro derecho vulnerado”: el de los “prisioneros políticos” y de quien sabe cuántos encausados más que deberán someterse a la fiscalía especializada en “lesa humanidad”. Fiscalía y Tribunales que, arguyendo los “compromisos del Estado” y la “obediencia jurídica debida,” se afilian sumisa, aunque placenteramente, a los dictados de las “cortes internacionales”. Situación que, desde el punto de vista de la jerarquía de nuestras normas jurídicas, así como de nuestra soberanía como nación, se advierte igualmente comprometida.
A diario sentimos que esas personas (civiles, policías y militares) que caen bajo la saña de la ilegalidad, al ser considerados fuera del encuadre de las normas jurídicas que derivan de lo que consagra la Constitución –por igual para todos los habitantes del país–, no cuentan prácticamente con ningún derecho que los ampare. Y de ahí en más, todo es posible contra las víctimas.
Parten del principio “literalmente subversivo” de que lo que existe es presunción de “culpabilidad” y “no de inocencia”, y para ello, al decir de algunos juristas, “se usa la ideología para la construcción de hechos”. Se las juzga por rumores, indicios o inferencias, sin pruebas ni testigos directos; se las juzga porque alguien recuerda un apodo, el color de ojos del acusado; o por haber estado cerca de donde se cometió el supuesto delito; por haber vestido uniforme o estar de particular; por “autopsias históricas” –sin cadáveres–, etc. Así, en los estrados donde se perpetran estos ultrajes, prevalece el desprecio por la más elemental traza de garantía procesal. Eso no es justicia, es una ejecución jurídica. Se las procesa y condena sin miramientos: a la edad –porque son ancianos–, a la salud –porque están enfermos–, ni a la angustiante situación familiar que se les provoca, porque no importa. Estas personas, que sufren y son humilladas en sus mínimos e íntimos fueros, para el derecho prácticamente no existen.
El perdón es un derecho humano y perdonar es un acto superior, que libera y deja atrás el resentimiento, el rencor y el sentimiento de venganza. Por ello la Constitución, al igual que el indulto, el perdón y la amnistía, lo reconoce.
La caducidad de la pretensión punitiva del Estado fue un acto político-jurídico que más allá de su nombre, pretendió poner fin a una dolorosa etapa de nuestra historia y apuntar a la reconciliación de los orientales. Entonces, resulta por demás obvio decir que con cada uno de esos juzgamientos se está defraudando el voto ciudadano (la voluntad de perdonar), expresado como cuerpo soberano electoral. Así pues, no podría haber juez o tribunal en el país, ni corte internacional alguna que desconozca nuestro “derecho a expresarnos”, que “viole la voluntad expresada y ratificada” y “nos imponga lo contrario a lo decidido”. Eso es lo que hicieron, con una mayoría falsa y circunstancial los legisladores frenteamplistas. No es correcto y no es justo que este gobierno de coalición ratifique, por inacción, las arbitrariedades cometidas por el Frente Amplio. El hecho de que estos hayan violado la Constitución no implica que el gobierno que los ha sucedido la siga violando.
Quienes llevamos al Dr. Luis Lacalle al poder votamos con mucha esperanza UN CAMBIO y la defensa de los “derechos del ciudadano”, pasa por ahí.
Para este y otros tantos asuntos, el momento impone posturas y actitudes como las del diputado Testa. Entendemos que la Coalición, en su conjunto, debe acompañar a Cabildo Abierto en este propósito. Sería un error político mayúsculo, simplificarlo pensando que es un tema que se agota en la liberación de los prisioneros políticos y por tanto atañe y preocupa solo a los militares y policías. Está lejos de ser así.
Principio tienen las cosas, por lo que de aprobarse el proyecto se estará dando un gran paso en cuanto a rescatar la verdad, la justicia y a dejar claro que nadie está por encima de la Constitución de la República, y que lo político no debió y no debe estar nunca por encima de lo jurídico.
¡Es ahora y se puede! Felicitaciones, diputado Testa.
Dr. Efraín Maciel Baraibar
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