Con años de experiencia en el sector público, el Cr. Alfredo Asti, tras recibir la venia del Parlamento, aguarda la confirmación del Poder Ejecutivo para asumir formalmente como nuevo vicepresidente de la Jutep (Junta de Transparencia y Ética Pública). En entrevista concedida a La Mañana, Asti hizo referencia a los objetivos a cumplir por la Jutep durante esta legislatura.
¿Cuál es su proyecto de trabajo para el período como vicepresidente de la Jutep?
En particular, un poco por mis antecedentes, yo fui corredactor de la Ley 19.717 del año 2019, una de las últimas leyes de setiembre de 2019, que amplió las facultades y obligaciones de la Jutep para el control de declaraciones juradas de funcionarios públicos. Allí, hasta ese momento, de acuerdo con la Ley 17.060, solamente se presentaban las declaraciones juradas a sobre cerrado o digitales, pero no se hacía ninguna evaluación sobre su evolución. Aquí, esta nueva ley amplió las facultades y obligaciones de la Jutep para dividir las declaraciones juradas de ingresos, bienes de los funcionarios públicos, al ingresar y regresar de la función pública, y, por lo tanto, poder evaluar si hay distorsiones o temas que no parezcan consistentes. Por ejemplo, si un funcionario público de los que están obligados a presentar declaración declara recibir 50.000 pesos de ingresos por mes y su patrimonio pasó, en dos años, de un millón a dos millones, hay algo que no cierra y entonces allí se podrán iniciar las acciones correspondientes para ver qué es lo que ha sucedido con esas declaraciones. Ese es uno de los temas en el cual voy a hacer fundamentalmente hincapié teniendo en cuenta que fui corredactor de la ley que aprobó el Parlamento.
Pero se le ha ido sumando a la Jutep, que fue convertida en un servicio centralizado a posteriori de su creación o tuvo una evolución muy significativa desde su creación en la década de los 90, y ahora es un servicio descentralizado que tiene como competencia asesorar a los distintos organismos del Estado en temas de transparencia y ética. Por lo tanto, una de las funciones que cumplimos es capacitar, a solicitud de los distintos organismos, a su personal para el cumplimiento de las normas de ética y transparencia de la función pública. Al mismo tiempo es el órgano que se comunica con instituciones del exterior que trabajan en estos mismos temas, o sea, vinculados fundamentalmente a las convenciones anticorrupción, tanto de la OEA como de Naciones Unidas.
La Jutep también tiene como cometido asesorar en materia de los delitos previstos en la Ley 17.060. ¿Cuáles son?
Lo que tiene que ver con los temas de transparencia y de ética. Obviamente no es un órgano judicial, por lo tanto, todo lo que sea penal no le corresponde a la Jutep, sino simplemente en aquello que tenga que ver con la buena administración de los bienes públicos y la transparencia de las actuaciones de los distintos organismos en tal sentido. Esa es una tarea que debe ser permanente, pero también a solicitud de esos organismos. Recientemente, en este nuevo gobierno, a partir del 1º de marzo, además se incluyó a la Jutep en el Sistema integrado de lucha contra el crimen organizado y narcotráfico (Silcon), junto con una serie de instituciones que están vinculadas a ese tema, que tienen que ver obviamente con la DGI, las aduanas, los ministerios del Interior y Defensa Nacional, la Secretaría de Inteligencia del Estado, la Secretaría Nacional de Drogas, la Secretaría para la lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo (Senaclaft) y la Agencia de Gobierno Electrónico y Social de Información (Agesic). También está el Banco Central en este sistema integrado, que lo que busca es precisamente la coordinación de todos los organismos que tienen alguna competencia en los temas vinculados con la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico. El lavado de activos es resultado, precisamente, de la acción de estos grupos organizados que terminan siempre con un interés económico para realizar estas actividades.
Una de las tareas es fiscalizar y vigilar incumplimientos cometidos. ¿En esto la Jutep actúa por decisión propia o a requerimiento?
En ambas cosas, o sea, nosotros debemos, y se ha hecho, instalar un canal de recepción de denuncias. Recibimos denuncias del público, de los ciudadanos, que se analizan, se estudian y se les da el trámite correspondiente, si corresponde o no corresponde, si son materia de delitos que pasan a la Justicia, si son problemas que no configuran delitos, pero sí falta de ética. La Jutep se expide sobre esos temas.
¿Hasta dónde llega el patrimonio a gestionar? ¿Con qué cuenta la Jutep para cumplir la tarea?
Es un problema que seguramente en este período tendremos que analizar. Son muy pocos los funcionarios de la Jutep y lamentablemente no pueden cumplir a cabalidad la totalidad del control. Por ejemplo, lo que decíamos de la evolución de las declaraciones juradas. La Jutep recibe aproximadamente 14.000 declaraciones juradas de funcionarios públicos, y para analizarlas necesitaría un cuerpo técnico de evaluadores para poder hacer realmente su trabajo sobre eso. Seguramente en el próximo presupuesto, y teniendo en cuenta la incorporación de Jutep a este sistema integrado que recién comentaba, tendremos que pedir al Poder Ejecutivo que amplíe el presupuesto de la Jutep, y que a través de concursos reciba profesionales que puedan facilitar y ampliar los controles que realiza. La junta tiene establecido por ley que puede pedir pases en comisión también de personal técnico, hasta la Ley 19.717 le otorgaba 10 pases en comisión; otras normas le otorgan algún otro funcionario más en carácter de pase en comisión. Pero también es importante estar cubiertos con funcionarios permanentes, técnicos, contadores, abogados que puedan llevar adelante los distintos cometidos tan importantes que tiene la Jutep.
Ustedes asesoran a los organismos judiciales con competencia penal. ¿Emiten opinión al respecto de determinados casos? ¿Es concluyente la opinión de la Jutep?
No necesariamente es vinculante, precisamente es una opinión que dice si se han cumplido o no las normas del propio código de ética aprobado por ley, si se ha ajustado a esas normas de ética, o con respecto, por ejemplo, a licitaciones públicas, a la transparencia necesaria para haber llamado, decidido y adjudicado sobre una licitación pública, si la transparencia en todo ese proceso de compras y licitaciones se ha hecho de acuerdo con la normativa que se establece en el propio organismo o en términos generales en lo que establece la ley del código de ética, por ejemplo.
¿Cuál es el plazo que tiene la Junta para emitir un fallo a solicitud del Poder Judicial?
La verdad es que todavía no he entrado en ese detalle como para saber cuál es el plazo, pero se trata de realizar dentro de los acuerdos con que se pueda y con las capacidades en este momento muy limitadas que tiene la junta, que en este momento tiene alrededor de 15 funcionarios. Yo todavía no he ingresado, no puedo detallar exactamente, pero tiene menos funcionarios de los que seguramente necesitamos, por eso digo que debemos ampliar su cantidad, además de una diversidad de aspectos que la Jutep debe tener. O sea, tenemos todo un tema de, por ejemplo, el volumen importante de manejo de información sensible, de datos personales, de las declaraciones juradas, que deben estar perfectamente salvaguardadas de ingresar a conocimiento de personas que no corresponda que accedan a esa información.
¿Tienen competencia a nivel nacional? ¿Pueden actuar a requerimientos sobre gobiernos departamentales?
Sí, por supuesto, la competencia es a nivel nacional y fundamentalmente también, como decía, a nivel internacional, dado que somos representantes del Estado en aquellos organismos internacionales que cuidan estos aspectos, que es muy importante porque muchas veces este tipo de situaciones no deseadas tienen carácter internacional. Pueden tener consecuencias en otros países y por lo tanto también debemos cumplir con la normativa internacional que regula todos los temas de transparencia.
CV
Alfredo Asti exdirector de Recursos Financieros entre 2000-2005, diputado por el Frente Amplio en el período 2005-2020 y director de la Corporación Nacional para el Desarrollo entre 2020-2025.
