El director de Ancap, José Luis Alonso, afirmó en entrevista con La Mañana que se deben resolver temas como la propiedad de los yacimientos de piedra caliza y qué hacer con los funcionarios públicos que están en las plantas de cemento, antes de una posible asociación con un privado para la explotación de esta unidad de negocios de la petrolera estatal.
¿En qué se encuentra el tema del negocio del cemento por parte de Ancap?
En principio, lo que buscamos es una asociación en un formato similar al puerto en el que el Estado es socio o, en su defecto, realizar una venta de los activos y de la industria del cemento. Se debe tener en cuenta que tenemos cuatro plantas donde las productoras son tres. Las plantas de Minas y Paysandú producen cemento, una en Treinta y Tres que solo trabaja con cal y la planta de Manga que es envasadora y para distribución.
¿Todas estas plantas dan pérdida?
Lo que da pérdida es el negocio del cemento, o sea todo lo vinculado a la piedra caliza. La pérdida histórica es de entre US$ 12 y 18 millones al año.
¿Y estas pérdidas son por un tema de mercado o de estructura y costos?
En el mismo negocio del cemento en Uruguay hay empresas que ganan. Esto quiere decir que, en este sector, dentro de Ancap hay algo que se hace mal, y lo que se hace mal es no tener capacidad de competir. Esto es debido a que se hicieron mal las inversiones. Por ejemplo, en la planta de Minas el 30% de la energía que gasta va en evaporar agua porque el horno no puede trabajar con material seco, debe estar mojado. Ese gasto de energía es un costo extra.
Lo que se hizo fue gastar, no invertir, porque invertir es destinar recursos con una expectativa de recupero. Se realizó una asignación de cerca de US$ 150 millones para dos plantas, y con menos de eso llegó un operador privado y compró una planta de última generación. Esto quiere decir que en el caso de Ancap se gastó, no se invirtió. Y esto se ve en Paysandú donde tenemos un horno que nunca se instaló y una planta con complicaciones en las instalaciones, al igual que en Minas donde hay problemas.
¿Hoy día las plantas están trabajando y vendiendo lo que producen?
Las plantas trabajan y venden lo que se produce, pero bajan las ventas. En el primer trimestre de este año se vendieron unas 56 mil toneladas de cemento y en el primer trimestre de 2021 se habían vendido 78 mil toneladas. Por lo cual hay una caída en las ventas de Ancap, no de la competencia. Actualmente, un tercio del mercado es de Ancap cuando hace un par de años era el 42%. La penetración del mercado bajó, en gran parte, por la aparición de un nuevo competidor. El consumo de Uruguay es aproximadamente 800 mil toneladas de cemento al año. La capacidad de producción de Ancap a pleno es la mitad de eso, pero la empresa privada que se incorporó al mercado tiene una capacidad de producción que está en las 650 mil toneladas, o sea muy poco menos que la demanda total.
¿Cuáles son entonces las soluciones que se plantean?
Se pueden encontrar distintas soluciones. Pueden ser desde salir de un negocio que no se supo y no se pudo manejar, hasta hacerlo funcionar. Hoy lo que se está encarando es formar una sociedad o enajenar, pero es más la de formar una sociedad con otra empresa privada y hay interesados. Está la Compañía Siderúrgica Nacional que es una empresa brasileña, Loma Negra y otros actores relevantes de la industria cementera internacional que mostraron interés.
¿Y cuándo se piensa que este tema se pueda estar resolviendo?
No hay una fecha específica, porque depende de varios factores como por ejemplo las autorizaciones del Poder Ejecutivo o los procesos de llamado de precios. Lo que se ha hecho es mostrar las plantas a los interesados. Y también hay que resolver temas contractuales como la situación del personal. La empresa Cementos del Plata S.A. es propiedad de Ancap y se rige por el derecho privado. Esta empresa paga a unos 70 funcionaros, de los cuales 60 están Treinta y Tres y después hay 73 de contratos en función pública y más o menos otros 70 que son tercerizados. Pero también hay 230 empleados públicos que paga Ancap. Y de estos últimos alguien se tiene que hacer cargo. Por lo cual esto no se arregla con voluntarismo.
Estamos hablando de que hay un gasto de unos US$ 13 millones por año que hay que solventarlo de alguna manera. Para un inversor la situación no es muy tentadora si no se resuelven todos los problemas, como ser el factor humano. También hay otro muy importante que es la posesión de los yacimientos de caliza, porque estos son propiedad de Ancap, una empresa estatal. Y la asociación sería con Cementos del Plata que es una empresa privada y no con Ancap. Por lo tanto, hay que definir la forma de la utilización de la caliza y el uso ulterior de los yacimientos. Todo esto lleva a la conclusión de que si empezáramos ahora el proceso de asociación llevaría más de un año y medio.
Petróleo: «La inversión es totalmente de las empresas, por lo cual ni el Estado ni Ancap ponen un dólar»
En otro orden, ¿en qué se encuentra lo referente a la búsqueda de petróleo en la plataforma marítima?
Uruguay tiene antecedentes bastante considerables en cuanto a la exploración offshore. La plataforma marítima está dividida en zonas para conceder los permisos de exploración y perforación. Antes se habían realizado rondas puntuales y ahora está el sistema de ronda abierta, en que en cualquier momento un interesado puede plantear la posibilidad de generar exploración o perforación. Uruguay tiene tres pozos hechos: Lobo, Gaviotín y Raya X-1, que no arrojaron datos positivos. A fines mayo se firmó el permiso para Challenger Energy con un bloque en la zona uno para exploración y ahora se presentaron Shell y Apa Corporation, que están en los trámites de autorización del Poder Ejecutivo. Shell se presentó para las zonas 2 y 7, y Apa para la zona 6. En esa está la perforación del pozo Raya X-1 y en este caso es de perforación.
¿Por qué el interés repentino de estas empresas?
En Namibia, África, la zona geológica es muy similar a la plataforma marítima uruguaya, y si se mira el mapa viene a estar casi en frente a Uruguay. Ahí encontraron petróleo, y esa similitud potenció que estas compañías renovaran el interés. La inversión es totalmente de las empresas, por lo cual ni el Estado ni Ancap ponen un dólar. Se estima que la inversión puede llegar a más de US$ 200 millones. Si se encuentra petróleo, el contrato señala que lo generado va para las empresas hasta extinguir la inversión inicial, y a partir de ahí se inicia una asociación por la cual el Estado queda con la mitad de los recursos que se generen.
¿En cuánto tiempo se puede llegar a determinar si existe petróleo o no?
Es una pregunta compleja de contestar. La última perforación realizada señalaba que tenía que haber petróleo, pero fue algo infructuoso. Digamos que si se alinean los astros y perforan justo en el lugar donde hay un yacimiento, capaz que en seis meses encuentran petróleo, pero esto solo puede ser una vez que accedan a todos los permisos ambientales. El contrato es una autorización para exploración a dos compañías, y a una para exploración y perforación. Esta última debe tener los permisos de perforación. En general son procesos largos y si dieran con un yacimiento, todo el proceso podría llevar un par de años. O sea, estos son procesos que llevan años.
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