En estas horas, oposición y gobierno trabajan contrarreloj para llegar a un acuerdo sobre el salvataje de la Caja de Profesionales, siendo la principal diferencia si los pasivos de esta deberán realizar un aporte extra. El proyecto se tratará esta semana en el plenario de la Cámara Alta.
El ministro de Economía, Gabriel Oddone, ha liderado las negociaciones, dialogando con integrantes de las bancadas parlamentarias de gobierno y oposición, e insistiendo en que es necesario el aporte de los ya jubilados para darle a la Caja de Profesionales un marco de financiamiento a largo plazo. Oddone exhortó a los senadores en la comisión que trata el proyecto a aprobar la iniciativa tal como la plantea el Poder Ejecutivo, ya que el proyecto aprobado en Diputados aporta a la Caja US$ 30 millones, cuando lo necesario son US$ 51 millones. En 2026, el proyecto de Diputados aporta US$ 39 millones, pero se necesitan US$ 120 millones.
El ministro sostiene que la institución enfrenta “un severo problema de naturaleza económica” y no meramente financiero. Es decir, no es con una inyección de efectivo que se solucionan los problemas, sino que estos volverán con el tiempo. Según el titular de Economía, se está “ante un problema de solvencia del instituto”. Subrayó que “lo aprobado en la Cámara de Representantes no provee la solución para el problema de fondo”. “Creo que podemos introducir algunos cambios, pero no con la urgencia que precisamos para resolver esto, aunque sí para pensarlo a futuro”, dijo Oddone. “La Constitución nos obliga a pagar, pero el Poder Ejecutivo necesita una autorización para hacerlo. Si no encontramos una solución, podemos llegar a enfrentarnos a que este Parlamento tenga que resolver la autorización de gasto para todos nosotros. Si no hay acuerdo, ese puede ser un gran problema. Estoy obligado constitucionalmente a pagar, pero sin un mandato legal no puedo hacerlo, y los que van a resolver ese problema serán ustedes; es decir, la pelota volverá acá”, sostuvo ante los legisladores.
“Votemos esto ahora –ese es mi planteo– y después comprometámonos a tener una discusión con el objetivo de eliminar uno de los impuestos que más nos afectan”, afirmó. El directorio de la Caja de Profesionales informó al Poder Ejecutivo que en julio no habrá fondos para pagar ese mes.
Un alto déficit
La proyección del déficit de la Caja para 2025 es de US$ 51 millones, US$ 126 millones en 2026, y a partir de 2027, de aproximadamente US$ 150 millones por año. Se estima que el déficit acumulado en 20 años será de US$ 3000 millones.
Según los informes en poder del gobierno, el declive comenzó hace unos 10 años y se agravó desde 2020. El problema central es que los modelos de proyección presentados por técnicos de la Caja de Profesionales revelan que los ingresos son menores que las prestaciones, y que estas últimas serán siempre superiores a los ingresos si se mantiene el esquema actual.
En la comisión que trata el proyecto en el Senado, Oddone señaló que “los principales desbalances tienen que ver con condiciones diferenciales para el cálculo jubilatorio en relación con otros subsistemas y, a su vez, una mayor longevidad promedio del colectivo”. Cada afiliado recibe entre dos y tres veces lo que aportó a lo largo de su vida activa. Los cálculos presentados por el Poder Ejecutivo a los legisladores indican que, a iguales condiciones (un afiliado de 60 años con 30 años de servicio y carrera completa), un trabajador no dependiente que aporta a la Caja de Jubilaciones y Pensiones tiene una relación entre aportes y prestaciones 63% superior a la del BPS.
El jerarca reiteró el planteo del gobierno: que los beneficiarios, activos y pasivos, de la Caja “contribuyan con un 70% de la solución, y los ciudadanos sean responsables del 30% restante”. Subrayó “ciudadanos” porque el aporte del 30% provendrá del Estado a través de Rentas Generales, impuestos y la suba de los timbres. Estos últimos (que se cobran, por ejemplo, en las prestaciones de mutualistas, como exámenes o medicamentos) ya aportan US$ 155 millones por año a la Caja.
La propuesta del Ejecutivo
El asesor del ministro, el economista Ariel Cancio, sintetizó los puntos básicos de la propuesta. Plantea un incremento en la tasa de aporte para los profesionales universitarios, llevándola al 22,5%, el valor que rige actualmente para los trabajadores no dependientes en la órbita del BPS. Para esto, se creará una nueva escala de fictos. También se propone, como en el BPS, aumentar la edad de retiro: para los nacidos en 1967, la edad de retiro pasaría a ser 61 años; para los nacidos en 1968, 62 años; para los nacidos en 1969 y 1970, 63 años; para los nacidos en 1971 y 1972, 64 años; y para los nacidos en 1973 o después, la edad mínima de retiro sería 65 años. La edad promedio de retiro actual en la Caja es de 64 años.
Sobre el cálculo jubilatorio, actualmente los profesionales se jubilan con un sueldo calculado a partir de los últimos tres años de aporte. En el BPS, la referencia es de los 20 mejores años. Se plantea un mecanismo gradual de convergencia hacia esa referencia de los 20 mejores años. Respecto a los aportes de los pasivos, se proponen cinco franjas: para quienes perciben menos de $ 39.456, la alícuota sería del 0%; para quienes están entre $ 39.456 y $ 65.760, del 2%; para la tercera escala, con pasividades entre $ 65.760 y $ 98.640, del 7,5%; para la cuarta escala, con pasividades entre $ 98.640 y $ 131.520, del 10%; y para la última franja, por encima de $131.520, del 12%.
Desde el Estado, el aporte directo de Rentas Generales sería este año de $ 110 millones por mes (US$ 2,5 millones) y, a partir de 2026, equivaldría a dos tercios de la recaudación de la contribución de los pasivos. Sobre los timbres, se cambiaría el criterio actual de ajuste, que actualmente es por el Índice de Precios al Consumo, pasando a un criterio que incorpore la semisuma de la variación del Índice de Precios al Consumo y el Índice Medio de Salarios. Los cálculos del Ministerio de Economía indican que la nueva escala de fictos permitiría recaudar un promedio anual de US$ 33 millones durante los próximos 20 años. Los cambios en la edad de retiro aportarían recursos del orden de US$ 32 millones, el aporte de los pasivos US$ 48 millones de promedio anual, el aporte de Rentas Generales US$ 32 millones y los timbres US$ 9 millones adicionales.
De la recaudación anual de US$ 155 millones que precisa la Caja, cerca del 42% provendría de los activos, el 31% de la contribución de los pasivos, y el 27% sería el aporte de la sociedad mediante Rentas Generales y timbres.
El proyecto también incluye una mejora en el diseño de las prestaciones de actividad, en particular de los subsidios por maternidad y enfermedad, un incentivo a la permanencia en actividad para los profesionales que alcanzan los 65 años, ya que se les brinda la posibilidad de seguir trabajando para la Caja sin hacer aportes, y habilita la compatibilidad del trabajo y la jubilación a partir de los 70 años.
“Estamos en la línea de fuego”
En sus reflexiones finales en la comisión, el ministro Oddone sostuvo ante los legisladores que, en cierto sentido, todos los institutos saben que no quiebran y que, por lo tanto, “al final del partido” el Estado tiene la responsabilidad de rescatarlos. “Además, al hacer que el sistema de gobernanza sea disperso y que la elección de autoridades provenga de mecanismos democráticos, pero de representación dificultosa, la probabilidad de que nadie asuma la responsabilidad por lo que ocurre es muy grande”, acotó. Señaló que “generalmente se produce un descontrol entre quien gobierna y quien gestiona, y este es un tema sobre el que tenemos que trabajar”.
Posteriormente, hizo referencia a la importancia del momento político, manifestando que, para cerrar sus cuentas fiscales por año, Uruguay requiere más de US$ 5000 millones. Esto “implica ir a los mercados a informar sobre nuestra solidez institucional y capacidad para manejar la situación macroeconómica, para lo cual hay varias leyes relevantes. La ley de presupuesto es la primera, la rendición de cuentas, la siguiente”, sostuvo, pero indicó que “este tema nos pone a prueba. Si como sistema político no estamos en condiciones de resolver un problema en un instituto menor con erogaciones menores, pero que tiene impacto a largo plazo, la mirada que habrá sobre nosotros será distinta”. Dijo que esa mirada será “no sobre este gobierno, sino sobre Uruguay, porque detrás de esta administración vendrá otra, y la pérdida de confianza o la mirada de desconfianza ocurre una sola vez”.
También recordó la importancia de mantener el grado inversor y que “si, más allá de que discutamos y pongamos toda la carne en el asador, no mostramos señales de acuerdo en un tema relevante que afecta a largo plazo, estaremos mostrando que nuestro sistema político no está pudiendo dirimir adecuadamente problemas importantes”. “¡Es lo más importante que todos debemos preservar y el Ministerio de Economía y Finanzas está en la primera línea de fuego! Por eso, debemos lograr un acuerdo o solución sobre esta ley”, afirmó. Oddone concluyó: “Por más que nos peleemos, por más que discutamos, debemos aprobar estos tres proyectos: este, la Rendición de Cuentas y la Ley de Presupuesto. A corto plazo puede parecer poca cosa, pero les aseguro que a mediano plazo es crucial para Uruguay, para cómo nos ven desde afuera”.
