Por unanimidad la Junta de Transparencia y Ética Pública consideró que hubo un apartamiento de la buena administración en la gestión financiera y los procedimientos en el proyecto del Antel Arena. El miembro integrante del Frente Amplio renunció tras ser desautorizado por su partido y el oficialismo piensa en hacer una convocatoria al Parlamento.
Un informe de la Junta de Transparencia sobre el costo del Antel Arena tuvo como consecuencia la renuncia del representante del Frente Amplio en el organismo y lo que será un llamado a Parlamento al ministro de Industria y al presidente de Antel para que informen cuáles fueron los costos reales de construcción del referido complejo de espectáculos.
El Antel Arena no es propiedad de la compañía estatal telefónica sino de la Intendencia de Montevideo. Antel lo construyó en el predio del ex Cilindro Municipal y tiene su concesión por 30 años. La obra comenzó en mayo de 2014 y se extendió en el tiempo, inaugurándose en noviembre de 2018.
Los costos iniciales se estimaron en US$ 40 millones, pero fueron creciendo con el correr de los años, culminando en casi US$ 120 millones según una auditoría realizada por el directorio que asumió en Antel con el gobierno de Lacalle Pou.
Días atrás la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) realizó un informe con base en la auditoría, que lleva la firma de su presidente, María Susana Signorino, del vicepresidente Guillermo Ortiz y del vocal Jorge Castro, este último representante del Frente Amplio.
El dictamen señala que “no puede sino concluirse en que la buena administración, tanto en la gestión financiera como en el uso de los procedimientos idóneos para alcanzar los fines, estuvo ausente en este proyecto”, agregándose que “se ha constatado la violación a principios y normas de conducta que, previo los trámites de estilo y conforme lo preceptúan las disposiciones legales vigentes, pueden configurar falta administrativa, sin perjuicio de las responsabilidades políticas, civiles y penales que puedan corresponder a los funcionarios involucrados, por las acciones u omisiones en la gestión del proyecto”.
Costos según la auditoría
Los costos del Antel Arena, según la auditoría, fueron: obras del edificio, US$ 59 millones, plaza y parque, US$ 10 millones, asesoramiento técnico US$ 7,2 millones, acondicionamiento térmico y ventilación US$ 5,7 millones, instalación eléctrica US$ 4,7 millones, led display y audio US$ 2,9 millones, detección y extinción de incendios US$ 2,1 millones, gastos de importación US$ 2 millones, construcción sede baby fútbol y centro educación inicial US$ 1,8 millones, luminaria para el complejo US$ 1,5 millones, demolición ex Cilindro US$ 800 mil, red interna de cableado US$ 800 mil, desmonte y movimiento de suelo US$ 714 mil, otras compras US$ 8,6 millones. Esto hace un subtotal de US$ 108 millones.
Se deben agregar intereses financieros, gastos administrativos, dedicación de horas de personal de Antel y honorarios del administrador, en total suma unos US$ 10 millones. Por otra parte, hay costos financieros por préstamos tomados por US$ 1,6 millones, lo que llevó el total del costo del Antel Arena a mediados del año pasado a más de US$ 119.721.147. Lo que resta pagar de la obra asciende a US$ 48 millones.
El senador Jorge Gandini dijo a la prensa que su intención es convocar a Comisión General del Senado al ministro de Industria y al presidente de la empresa de telecomunicaciones. “No es una interpelación, pero el ministro y el presidente de Antel tienen que dar cuenta y explicar esto, que es muy grave”, indicó el senador.
“Esta situación se suma a la auditoría que hizo Antel y a los informes del Tribunal de Cuentas. El informe de la Jutep tiene los votos de los tres miembros, incluido el miembro del Frente Amplio. Las observaciones del Tribunal de Cuentas, que destacan hechos graves, vienen del Tribunal del gobierno anterior y quiere decir que hay acusaciones muy fuertes”, agregó Gandini.
Una “pseudoauditoría”
Por su parte, la expresidente de Antel y actual intendente de Montevideo, Carolina Cosse, manifestó que lo realizado por la Jutep se basaba en una “pseudoauditoría” que no aporta nada y que fue desarrollado por “un militante herrerista”.
Hacía referencia a Marcelo Caiafa, quien es socio de la auditora Ecovis en Uruguay. Esta es una empresa multinacional dedicada, entre otras funciones, a llevar a cabo auditorías. Ecovis fue el que hizo la auditoría sobre los gastos en la construcción del Antel Arena y en el pasado, durante gobiernos del Frente Amplio, trabajó en auditorías para otras empresas públicas, como AFE en 2019.
En declaraciones a la prensa, Cosse consideró que el informe forma parte de “una campaña en la que están destrozando a Antel”. “De lo que nadie habla es de que si siguen así habrá una pérdida de US$ 1.000 millones. Para mí es una no noticia”, opinó.
“Me parece importante la reflexión que hago, que es que lo que está detrás de esto parecería ser que hay un sector del Partido Nacional que está obsesionado con Antel y las empresas públicas. Detrás de esta clase de informe hay una intención de matrizar de que Antel no tiene que tener un Arena y en realidad eso denota una concepción de las telecomunicaciones errónea, demostrado a nivel mundial de manera inevitable y una concepción del rol del Estado de que cada vez haya menos Estado”, sostuvo Cosse.
Añadió que el edificio del Antel Arena costó US$ 43 millones y a eso se le debe sumar otras obras como ser una escuela, un parque y una plaza, además de la demolición del Cilindro. La obra del edificio en realidad costó US$ 59 millones según la auditoria. Por otro lado, cuando en 2018 se analizó el tema en el Parlamento Nacional, Carolina Cosse, que entonces era ministra de Industria, Energía y Minería, señaló que la obra había costado US$ 82 millones.
Renuncia comunista
La votación a favor del dictamen de la Jutep por parte del delegado del Frente Amplio tuvo como consecuencia que este debiera renunciar. Jorge Castro (Partido Comunista) defendió su posición y ante las acusaciones de Cosse dijo a Telemundo (canal 12) que si la expresidente de Antel entendía que las acusaciones del fallo tenía algo de “intencionado”, debía presentar la denuncia respectiva.
Horas después el Partido Comunista emitía una declaración en la que consideraba que “fue un grave error (por parte de Castro) haber desestimado la utilización política del informe para la profundización de los ataques a las gestiones anteriores”. Agrega que por esta razón considera que “en la actuación del compañero Jorge Castro hubo un error de apreciación; ratifica todos los pronunciamientos públicos del Frente Amplio, de SUTEL y del propio PCU en torno a la inexistencia de irregularidades en la construcción del Antel Arena; y, de común acuerdo con el compañero Jorge Castro, pone su cargo a disposición del Frente Amplio, a quien representa el compañero y ante quien debe rendir cuentas”.
Posteriormente sería la coalición de izquierda la que emitiría su propio comunicado aceptando la renuncia de Castro y sosteniendo que el fallo de la Jutep tiene “una clara intención de desviar la atención en momentos en que la ciudadanía está atenta a los problemas de la concesión portuaria, a la renuncia del exministro de Turismo, y las situaciones con la población privada de libertad”.
Estos hechos se dieron en el marco de la elección del nuevo presidente del FA, en que la agrupación de la intendente Carolina Cosse (La Amplia) decidió apoyar a Gonzalo Civila (Partido Socialista), que se enfrenta a Fernando Pereira (Partido Comunista).
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