A menos de un mes de las elecciones del 10 de diciembre para renovar el directorio de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios, la lista 5, conformada por los denominados “cincuentones”, plantea que se debe obtener la mayoría para lograr que la institución permanezca. En diálogo con La Mañana, el referente de la lista, Andrés Pérez, advierte que “si el gobierno quiere estatizar la Caja tiene que decirlo claramente. Lo que no puede seguir haciendo es seguir matando por inanición a un paciente”.
La lista 5, que es el grupo de “cincuentones”, como se los conoce, surgió cuando se planteó por el anterior gobierno una reforma que finalmente no prosperó.
Tras comprobar que solos no tenían logística ni alcance nacional, aceptaron la convocatoria de la agrupación El Orden Profesional para estas elecciones. Se presentan con el lema Todos Juntos y sublema El Orden Profesional, aunque Pérez invierte la lectura: “Algunos dicen que nosotros le estamos sumando votos a El Orden Profesional y nosotros le contestamos por la opuesta. Nosotros consideramos que El Orden Profesional va a sumarnos votos a nosotros dado el trabajo que hicimos, la seriedad con la que trabajamos”.
Una transición “muchísimo más acelerada”
Cuando en 2023 se rechazó la primera ley exprés, los “cincuentones” se organizaron para frenar los aumentos “desmedidos” de aportes y para exigir otras herramientas de financiamiento. Sin embargo, este año se aprobó una ley que Pérez califica como “peor que la anterior”. La principal queja es la transición en la edad jubilatoria. Explica que “la única generación que no entraba en la reforma eran los nacidos en 1969. Después, el resto se veían perjudicados en los años de trabajo, en los montos de aporte, en los años para el cómputo jubilatorio cuando había profesionales que teníamos 26, 27, 28 y más de 30 años de aporte. Era un cambio total y absoluto de las reglas de juego que habíamos convenido con la Caja el día en que nos recibimos y fuimos a registrar”.
Ahora quien nació en 1970 deberá jubilarse a los 61 años, en 1971 a los 62, en 1972 a los 63, en 1973 a los 64 y a partir de 1975 directamente a los 65, aunque tenga 35 o 40 años de aporte. En el BPS, en cambio, esa transición arranca recién para los nacidos en 1973. “El mismo abogado que trabaja en el Ministerio de Educación, el ingeniero que trabaja en Antel o el médico que trabaja en una mutualista, según el año en que nació, va a tener que trabajar hasta los 60, 61, 62, 63 o 64 años, mientras que en el BPS probablemente trabaja hasta los 60 haciendo exactamente la misma tarea”, resume Pérez.
El aumento de aportes es el otro gran reproche que se realiza a la ley. “Se sigue insistiendo en el fracaso. Se sigue insistiendo en aportar más los activos”, dice. Hace dos años se pasó del 16,5% al 18,5% y “un 7% de los afiliados se declaró sin ejercicio”. Ahora esos aportes se vuelven a aumentar.
Para la lista 5 la solución está en los ingresos genuinos que la Caja dejó de percibir durante décadas. Según nuestro entrevistado uno de los principales problemas de financiamiento de la Caja proviene de los timbres profesionales, cuyo valor real lleva más de 20 años sin actualizarse adecuadamente. “Las jubilaciones aumentan por índice medio de salarios y los timbres aumentan por IPC. Desde hace 20 años la diferencia ha sido del 70 %”, explica. Esto genera, según sus cálculos, una pérdida superior a los 100 millones de dólares anuales.
Aclara que el timbre en la salud se paga únicamente en mutualistas y “no lo paga el usuario de ASSE, ni de la sanidad policial, ni militar, ni del BPS”.
Otro punto que señala la lista 5 es que, desde la creación del IASS en 2008, los jubilados de la Caja de Profesionales han transferido al BPS aproximadamente 650 millones de dólares. Pérez cuestiona que parte de esos fondos se destinen a subsidios que, en su opinión, no corresponden al sistema previsional: subsidios de alquiler, entrega de celulares o tablets y rebajas en el IVA para jubilados del BPS. “Para esos fines existen el Ministerio de Vivienda, la Agencia Nacional de Vivienda, el Mides o Antel”, sostiene.
Las nuevas profesiones
También la lista 5 menciona que hay varias profesiones universitarias creadas en los últimos años cuyos egresados, al trabajar en relación de dependencia, siguen aportando al BPS en vez de ingresar a la Caja de Profesionales. Según Pérez, “el BPS se resiste a liberarlos porque necesita esos aportes para su propio equilibrio financiero”. A su vez, cuestiona que se hable de “jubilaciones privilegiadas” en la Caja de Profesionales e indica que “esto no es así”. Argumenta este punto indicando que la jubilación más alta bancaria promedio es de $ 146.000, en el BPS $ 116.000, en Caja Policial $ 118.000 y en la militar $ 119.000. En la Caja, quien se jubilaba en décima categoría con 60 años y 30 de aporte cobraba $ 93.000. “Es indecoroso que el señor ministro de Economía dijera que no le pudo subir un 1% a los jubilados por culpa de los profesionales”, recuerda.
Frente a las elecciones, “si los profesionales no van a votar en esta situación en donde está corriendo riesgo su futuro, su jubilación y sus derechos, merecen lo que les toque”, sentencia Pérez. Y agrega que “las peleas o las luchas se dan desde adentro. Triunfaremos en el planteo o moriremos en el intento. Preferimos morir en el intento, pero llevar adelante esta situación”. Cuando se le pregunta si el gobierno quiere terminar cerrando la Caja indica “eso lo tendrá que decir el señor presidente, el señor ministro de Economía y el ministro de Trabajo, pero si es así lo tienen que decir claramente, no matar a un paciente por inanición. No pueden hacer esto que se está haciendo hoy. Que le siguen sacando plata a la Caja ya que no le permite tener nuevos ingresos y una subsistencia propia”.
Nuevo decreto
Por otra parte, la asociación El Orden Profesional, presidida por el arquitecto Fernando Rodríguez Sanguinetti, “alertó” sobre la gravedad del decreto firmado recientemente por el Poder Ejecutivo, “que prevé grandes aumentos para los profesionales activos y profundiza la crisis de la Caja de Profesionales”. Según el decreto ya firmado, partir del 1º de enero de 2026, los profesionales activos deberán enfrentar tres aumentos consecutivos en sus aportes fictos 12% real en 2026, 6% real en 2027 y 6% real en 2028,
Esto implica un incremento acumulado del 24% en términos reales, además de los ajustes por Índice Medio de Salarios que continuarán aplicándose. Según Rodríguez Sanguinetti, esta decisión “supone un golpe directo al bolsillo de miles de profesionales en un contexto sin margen para nuevas cargas”, y constituye “un absoluto disparate”.
Pero no es el único aspecto cuestionado. El decreto también redefine la integración de la Comisión de Expertos, otorgando al Poder Ejecutivo la mayoría automática y un mecanismo de decisión que, en caso de desacuerdo, permite al presidente del órgano, el director nacional de Seguridad Social, ejercer doble voto.
Para El Orden Profesional, esto configura “una comisión sin posibilidad real de diálogo, donde el gobierno asegura el control de las decisiones y deja a los profesionales con una participación apenas nominal”. “Con este diseño, los aportantes pagan, pero no deciden. La autonomía de la Caja, que ya viene siendo muy atacada, queda aún más debilitada”, advirtieron.
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