La senadora del Partido Nacional y vicepresidenta de la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social, Graciela Bianchi, dialogó con La Mañana sobre la propuesta de reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales, impulsada por el Pit-Cnt y el Frente Amplio.
Bianchi reconoce el objetivo de la propuesta, pero considera inviable su implementación sin ajustes. “No se puede enfrentar una reducción de jornada laboral manteniendo el salario porque afecta enormemente la competitividad de las empresas, sobre todo las pymes”, afirmó. Según la senadora, el equipo económico del gobierno, que describe como “liberal y continuista”, prioriza la estabilidad macroeconómica sin recurrir a la devaluación de la moneda, lo que limita las opciones para absorber los costos de la reducción.
“El equipo económico lo dijo claramente el 2 de abril en la Comisión de Hacienda de Diputados: hay que abaratar los costos del país para mejorar la competitividad, y no lo harán por la depreciación de la moneda. Si reducimos la jornada sin ajustes, encarecemos aún más los costos”, explicó Bianchi.
Como alternativa, sugiere un enfoque basado en la productividad y la flexibilidad laboral. “No es solo el quantum de las horas, sino la forma en que se lleva adelante la actividad laboral. Se puede acortar la jornada con criterios de resultados, como en la ley de teletrabajo o la de plataformas”, propuso. Bianchi critica la postura del Pit-Cnt y sectores del Frente Amplio, a los que acusa de promover medidas populistas. “El Pit-Cnt impulsa posturas radicales que no consideran la realidad económica. No hay empresa que resista trabajar menos con el mismo salario sin ajustes”, señaló. En particular, apunta a sectores como el Partido Socialista y el Partido Comunista dentro del Frente Amplio, a los que considera menos pragmáticos que otros actores de la coalición gobernante. “¿Cuánto es que en el gobierno prima el equipo económico o priman los sectores como el Partido Socialista, Partido Comunista y el MPP? No lo sé, eso se sabrá cuando vengan los proyectos”, dijo la legisladora.
El debate sobre la reducción de la jornada laboral también ha despertado temores sobre la posible precarización del empleo, como los minijobs implementados en países europeos como Alemania y España, que ofrecen contratos de pocas horas con bajos salarios y derechos limitados. Bianchi comparte esta preocupación, pero advierte que la resistencia a la reconversión tecnológica agrava el problema. “Hay que perder los prejuicios con la tecnología. En 2017, un informe de McKinsey [una firma global de consultoría de gestión estratégica] ya advertía que en 15 años se perdería el 49% de los empleos primarios en Uruguay si no nos reconvertíamos. No lo hicimos, y la falta de educación básica complica la reconversión laboral”, lamentó. Acotó: “No nos reconvertimos y lo peor de todo es que no educamos bien a la población. Entonces, ese es el nudo gordiano”.
La senadora nacionalista señaló que la educación es un cuello de botella para la adaptación al mercado laboral moderno. “Leí actas de la Comisión donde dirigentes sindicales, muchos jóvenes, no saben armar una oración o expresarse claramente. Sin comprensión lectora ni conocimientos básicos, es difícil reconvertir a los trabajadores”, afirmó.
Para la legisladora se proponen reconversiones a los trabajadores zafrales por el Inefop, cuando no tienen actividad durante seis meses que reciben subsidio, pero lamentó que esa reconversión se pretende en un contexto donde esos trabajadores “carecen de conocimiento del idioma y ni se tiene comprensión lectora”. Recordó que durante una intervención suya en la media hora previa, tomó la intervención del ministro de Economía, Gabriel Oddone, en la comisión. “Dije frases textuales y ahí señala que hay que bajar el costo del país, que hay que aumentar la competitividad y que no lo va a hacer por el lado de la depreciación de la moneda. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos? Porque si cortamos la jornada laboral y mantenemos el mismo salario, se produce un encarecimiento mayor de los costos. Ahora vamos a ver cómo salimos de este entuerto”. Para Bianchi hay una “lucha de poder dentro del Frente Amplio. Ojalá el ministro Oddone dure los cinco años, porque es quien tiene el equipo económico, que son los que tienen las cosas claras. Pero no se sabe qué puede llegar a pasar”.
Los créditos concursales
Dentro de la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social, se están analizando cambios en la ley concursal para que los trabajadores puedan cobrar sus créditos laborales. La ley concursal uruguaya, regulada principalmente por la Ley 18.387 de 2008, establece el marco para los procesos de insolvencia empresarial, pero su redacción genera interpretaciones divergentes, especialmente en relación con los créditos laborales. Los créditos preconcursales (deudas previas a la quiebra, como salarios, aguinaldos o licencias no gozadas) y postconcursales (deudas generadas tras la declaración de quiebra, como indemnizaciones por despido) tienen prelación sobre otros acreedores, pero solo después de los créditos hipotecarios y prendarios. En la práctica, la insuficiencia de la masa de la quiebra deja a muchos trabajadores sin cobrar, incluso cuando obtienen fallos judiciales a su favor.
“Los créditos laborales son una prioridad, pero la ley, tal como está redactada, da lugar a dudas. Personalmente, entiendo que los créditos postconcursales no están comprendidos. Hay que ir contra la masa de la quiebra, y ahí rige el sistema de prelación: primero los hipotecarios, después los prendarios, y luego los laborales. El problema es que, generalmente, no hay suficiente en la masa para que los trabajadores cobren”, dijo Bianchi.
Casos emblemáticos como Casa de Galicia y Fripur han puesto en evidencia estas dificultades. En el caso de Casa de Galicia, una mutualista que entró en liquidación en 2021, los trabajadores lograron sentencias favorables para cobrar créditos preconcursales, pero la ausencia de fondos suficientes convirtió los fallos en soluciones teóricas. “Es un problema teórico que, en los hechos, se transforma en un problema de recursos”, afirmó Bianchi. En Fripur, una empresa pesquera que quebró en 2014, los trabajadores enfrentaron demoras de años para recuperar parte de sus créditos, lo que generó protestas y cuestionamientos al sistema.
El Fondo de Garantía de Créditos Laborales, administrado por el Banco de Previsión Social (BPS) y creado por la misma Ley 18.387, está diseñado para cubrir créditos preconcursales en casos de insolvencia, pero su financiación, que depende de aportes de los trabajadores a través del Fondo de Reconversión Laboral, es limitada. “El fondo es finito. Si se habilita masivamente a que se cobre de él, como en quiebras grandes, se agota, y otros trabajadores se quedan sin nada. Eso viola el principio de igualdad”, señaló Bianchi.
Un proyecto de ley presentado por el Frente Amplio tras el caso Casa de Galicia busca aclarar que los créditos postconcursales también deben ser cubiertos por el fondo, eliminando la ambigüedad jurídica. Sin embargo, advierte que esta reforma no resuelve la escasez de recursos. “Si la ley lo dice más claramente, los créditos postconcursales estarán incluidos, pero el problema es que el fondo lo abastecemos los trabajadores con el Fondo de Reconversión Laboral. Es finito. No alcanza para todos”, explicó.
Desde su perspectiva, cuestiona que los contribuyentes asuman las deudas de empresas privadas. “No es justo que los contribuyentes se hagan cargo de las deudas de los privados. Si una empresa quiebra por mala gestión o un mal plan de negocios, no puede ser que carguemos eso al Estado”, manifestó Bianchi. Aunque reconoce la injusticia que enfrentan los trabajadores al no cobrar, insiste en que las soluciones deben respetar la responsabilidad fiscal. “Es un problema ideológico. No podemos caer en conductas populistas que terminen cargando a los contribuyentes las quiebras de los privados”, añadió.
Bianchi también destacó la necesidad de datos actualizados sobre el estado del fondo. “El Ministerio de Trabajo debe mandarnos cifras claras. Sabemos que el fondo cubre quiebras de empresas chicas, pero en casos masivos, como Casa de Galicia o Fripur, no alcanza. Y no podemos priorizar a unos trabajadores sobre otros”, señaló. Según fuentes del BPS, el fondo ha enfrentado presiones crecientes debido al aumento de quiebras en sectores como el comercio y la industria, pero no se han publicado cifras oficiales para 2025.
En la Comisión de Asuntos Laborales, Bianchi ha mantenido una postura abierta al diálogo. “Tuvimos una actitud receptiva. Que manden el proyecto, pero debe financiar el fondo sin violar el principio de igualdad ni cargar a los contribuyentes”, afirmó. Propone que cualquier reforma incluya un análisis actuarial para garantizar la sostenibilidad del fondo y explore mecanismos como aportes específicos de las empresas en lugar de recurrir a impuestos generales.
