La principal preocupación de la ciudadanía y por la cual ha venido exigiendo respuestas al sistema político es la inseguridad ciudadana, que ya desde las elecciones del 2019 fue un tema fundamental de campaña, especialmente por lo decepcionante que había sido en este aspecto el último gobierno de Tabaré Vázquez. Podría decirse que, en gran medida, el triunfo de la Coalición Republicana en las elecciones pasadas estuvo ligado a las expectativas que tenía la ciudadanía en que este gobierno pudiese resolver el problema de la inseguridad, más allá de la preocupación por la incertidumbre económica que afectaba transversalmente al país.
Sin embargo, el Ministerio del Interior, durante este gobierno que debía enfrentar una situación que ya era delicada, no logró coagular una respuesta adecuada al problema de la inseguridad que, a excepción del periodo de pandemia y de una leve baja en las rapiñas que se dio una vez que regresamos a la normalidad, mantuvo más o menos los mismos índices que la gestión anterior. En este sentido parece haber faltado, en materia de seguridad, discusión y trabajo colectivo entre los integrantes de la Coalición Republicana. Prefiriéndose, acaso, el personalismo político-partidario frente a la posibilidad de desarrollar soluciones reales.
En esa línea, en medio de una nueva campaña electoral en la que este tema vuelve a ser crucial, no faltan aventurados que pretenden –seguramente con muy buena fe– aportar “soluciones” a este problema, inyectando en la opinión pública ideas que carecen de seriedad por carecer de un marco científico –aunque seguramente tengan mucha prensa–. En esa medida, es muy probable que estas acciones aisladas tengan pocos efectos positivos, teniendo como consecuencia endémica que el crimen y el delito sigan acentuándose.
En definitiva, algunas propuestas que referentes tanto del Partido Nacional como del Partido Colorado han venido emitiendo en los medios en el último tiempo, como, por ejemplo, que los militares se encarguen de labores de seguridad ciudadana, parecen no solo ser una ingenuidad, sino desconocer las diferencias sustanciales que hay entre la Policía y las Fuerzas Armadas, diferencias que son operativas a la función que cada una particularmente debe cumplir.
Pero hay que decir que esta idea no es nueva. De hecho, el empleo de personal militar en operaciones policiales es una vieja propuesta del “Vivir sin miedo” de Jorge Larrañaga, que entre otras cosas quería implementar el allanamiento nocturno y proponer la cadena perpetua realizable.
Estas propuestas, sin agregarle mucho pienso, han sido resucitadas por integrantes de la coalición, entre los que se destacan Zubía, Ojeda, Gandini, Raffo. Sin embargo, desde una perspectiva racional y científica, no parecería adecuado que una fuerza que está capacitada para participar en conflictos bélicos y de defensa nacional, como es la militar, pueda hacer de Policía. De hecho, ni siquiera en las misiones de paz, nuestras Fuerzas Armadas hacen de policías. Por lo que la idea de adaptarlas para realizar este tipo de tareas no solo llevaría otro proceso de entrenamiento y aprendizaje, sino que también expondría al Estado de una manera totalmente innecesaria.
Por otra parte, la implementación del sistema de los interruptores que Diego Sanjurjo –el mentado especialista en políticas públicas de seguridad del Ministerio del interior– parece ser otro intento de extrapolar algún teorema foráneo a nuestra idiosincrasia nacional. Sanjurjo había señalado que la iniciativa de los denominados “interruptores” obedecía a que en Uruguay había un crecimiento exponencial de lo que típicamente se llama “ajuste de cuentas”, que conglomeran homicidios muy variados. Y esta conjetura se ha realizado deduciendo que el 80% de todas las víctimas de homicidios a nivel nacional tienen antecedentes o indagatorias penales. Según Sanjurjo, para la Policía, al no tener herramientas para prevenir este tipo de homicidios, que se dan dentro de un ambiente determinado por el crimen, sería necesario implementar la figura del interruptor que ha tenido resultados “positivos” en países como Trinidad y Tobago, Colombia o Brasil. Los interruptores vendrían a ser personas que en algún momento estuvieron inmersas en mundo del delito y, tras haber cumplido una etapa por el proceso penal, se dedican hacer lo contrario, o sea, a evitar que jóvenes cometan los mismos errores que ellos cometieron.
Esta propuesta de interruptores que funcionen como mediadores entre los asesinos y la población, y que seguramente alguna ONG u algún tipo de organización internacional haya recomendado, parecería ser una propuesta muy linda en los papeles y hasta algo romántica, pero de no muy fácil aplicación. Cabe preguntarse si realmente han dado resultado en los países mencionados o son un maquillaje de las estadísticas.
Porque pensar que, para paliar los enfrentamientos cuasi bélicos que se dan entre las familias que se dedican al narcomenudeo, funcionaría un sistema así, hay que tener una postura si no inocente, al menos muy optimista.
En definitiva, desde la perspectiva de la ciudadanía, la crisis de inseguridad que atraviesa el país no admite mayores excusas ni demoras. No solo por la cantidad homicidios muy similar a la de los peores tiempos de Bonomi, sino también porque el ambiente que se respira en Montevideo y en otras capitales departamentales de nuestro país se está volviendo muy espeso. Si mencionar, además, el poder de fuego que tienen algunas bandas criminales –lo que es algo inédito–. Es sumamente preocupante, por otra parte, que no haya ninguna clase de control sobre el tráfico de armas en las fronteras o sobre su enorme circulación en el territorio nacional.
Por esa razón, en entrevista para este número de La Mañana, Antonio Romanelli, asesor en seguridad de Cabildo Abierto, ha manifestado algunos puntos o problemas sobre los que hay que actuar para cambiar el rumbo, entre los que se encuentran un ataque frontal al crimen organizado trasnacional, una mejora sustancial de la situación carcelaria y focalizar la prevención y la seguridad frente al ciberdelito, ya que según él mismo informó, los cárteles más grandes de narcotraficantes están invirtiendo en hackers y en tecnología de la información. Además, también hizo hincapié en la importancia de hacer una política focalizada que tenga como áreas específicas: las fronteras, centros urbanos, carreteras y rutas nacionales. Y en ese sentido Romanelli expresó: “Somos el único partido que maneja un concepto estratégico sobre el tema seguridad”.
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