Viemos da frontera, vamo pra frontera, como us avó y nosos filio, cumendo el pan que u diabo amasó, sofrendo neste fin de mundo. Nos semo da frontera, mas que cualqué río, mas que cualqué ponte.
Fabián Severo, escritor artiguense
Uruguay a lo largo de su historia moderna ha tenido un contexto regional signado por la disparidad económica con sus vecinos, dos gigantes como Brasil y Argentina, en el que las diferencias cambiarias y de costos de producción han obligado a pensar en distintos momentos cómo establecer equilibrios entre el plano macro y el microeconómico, facilitando la dinámica cotidiana de los hogares y comercios de los departamentos de frontera. Porque si bien nuestro país mantiene su tradicional reputación de estabilidad, los altos costos que tiene generan desafíos crecientes para la competitividad, el empleo y el equilibrio fiscal.
Por otra parte, Uruguay ha logrado preservar algunos indicadores sólidos: una inflación moderada en comparación con sus pares, una institucionalidad creíble y un sistema financiero confiable. No obstante, la economía muestra signos de enfriamiento. El crecimiento del PIB se desacelera, el consumo interno pierde impulso y la inversión privada aún no da señales claras de recuperación.
Es por eso por lo que el nuevo gobierno encabezado por el presidente Yamandú Orsi asumió con la idea de preservar la estabilidad sin perder competitividad. De hecho, el ministro de Economía, Gabriel Oddone, ha señalado que una de las prioridades es “corregir los desajustes que afectan la inserción externa del país, sin comprometer los equilibrios macroeconómicos”. Y en esta edición de La Mañana indicó que “la situación fiscal uno tiene que resolverla combinando distintas herramientas: la eficiencia en el proceso recaudatorio, la forma en que se asigna el gasto y con eventuales cambios tributarios que fuera necesario introducir”.
En ese marco, el tipo de cambio ha cobrado especial relevancia. La apreciación del peso uruguayo –producto de flujos de inversión financiera y una demanda interna relativamente estable– afecta a los sectores exportadores y al turismo receptivo, al tiempo que encarece los productos nacionales frente a la oferta de los países vecinos.
Una frontera desigual
Los departamentos de frontera con Brasil son el ejemplo más evidente de este desequilibrio. Comerciantes de Rivera, Artigas, Cerro Largo y Rocha enfrentan diariamente una competencia desleal en términos de precios. En ciudades gemelas como Rivera-Livramento, el contraste es palpable: productos básicos, electrodomésticos y combustibles son más baratos del lado brasileño, lo que genera una fuga sostenida de consumo.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el comercio en ciudades fronterizas como Rivera y Artigas ha disminuido un 18% en los últimos cinco años, mientras que el consumo en localidades brasileñas limítrofes aumentó un 22% en el mismo período. Esta asimetría motivó a al ministro Oddone a implementar un paquete de medidas que incluye: reducción del IVA al 10% para productos de tasa mínima, descuento del 50% del IVA para productos de tasa básica y facilitación de importaciones directas para ciertos productos.
El fenómeno no es nuevo, pero se ha agravado con la evolución reciente del real, que se mantiene más competitivo frente al dólar, y con políticas fiscales brasileñas que favorecen el comercio local. Al mismo tiempo, el peso uruguayo continúa apreciado y los costos internos –principalmente en energía, servicios y salarios– son más altos.
Frente a este panorama, el Ministerio de Economía presentó un conjunto de medidas focalizadas en los departamentos de frontera con Brasil. Acompañado por el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Rodrigo Arim, y por el nuevo presidente del Banco Central, Guillermo Tolosa, Oddone anunció un paquete de acciones con el objetivo de sostener la actividad económica en la zona más afectada por la disparidad de precios.
Las medidas incluyen: La flexibilización temporal de controles aduaneros para productos de consumo básico. Beneficios fiscales para comercios formalmente establecidos en la franja fronteriza. Programas de apoyo financiero, con subsidios y créditos blandos para pymes locales. Acuerdos con proveedores y cadenas de supermercados para generar una canasta de productos a precios competitivos.
“El objetivo es evitar el cierre de comercios, proteger el empleo y generar condiciones mínimas de competencia mientras se estabiliza el contexto regional”, afirmó Oddone durante la presentación del plan. Desde el gobierno se reconoce que no se trata de una solución estructural, pero sí de un respiro necesario para los sectores más vulnerables.
Alfredo Freitas, presidente de la Confederación Empresarial del Uruguay, analiza el paquete de incentivos fiscales y destaca la necesidad de evaluar resultados a mediano plazo, manifestando que “CEDU celebra medidas para fronteras, pero advierte que el éxito dependerá de su implementación”. Además, destacó que “por primera vez, todo el equipo económico recorrió la frontera. El ministro Oddone, directores del BROU, la OPP y la ANDE estuvieron en Artigas, Chuy y Rivera viendo la realidad in situ”. Y señaló quiénes serán los beneficiados por esta medida: “Esto no es para los empresarios –que en frontera son principalmente micro y pequeños comercios–, sino para el consumidor final que hoy compra en Brasil por necesidad”, aclaró. Por su parte, María González, presidenta de la Cámara de Comercio de Rivera, agregó: “Los descuentos de IVA son un buen inicio, pero necesitamos mejoras en infraestructura y logística para competir realmente”. Según datos del comercio fronterizo, 63% de los habitantes de Rivera hace al menos una compra mensual en Brasil. Los productos más adquiridos en el país vecino son electrónicos (42%), alimentos (28%) y textiles (20%), y la diferencia promedio de precios es de 35% más baratos en Brasil.
No obstante, y a pesar de estos datos, en una entrevista exclusiva con La Mañana, Julio de Brun, expresidente del Banco Central del Uruguay, realizó un crítico análisis de las medidas anunciadas por el Ministerio de Economía para dinamizar el comercio en la frontera norte del país, cuestionando el paquete de incentivos fiscales anunciado por el MEF, argumentando que no responde a una coyuntura cambiaria crítica con Brasil y que podría generar nuevas distorsiones.
De Brun destacó que “con Brasil no estamos en un momento particularmente desfasado en materia cambiaria”, señalando que el tipo de cambio se mantiene en niveles similares a 2020-2021 (alrededor de 5,57 reales por dólar). “Si hay diferencias de costos, obedecen a problemas estructurales de nuestra economía”, afirmó. Sobre la exoneración de tributos a importaciones, el economista fue contundente: “Es un contrabando autorizado de un grupo de productos”. Planteó que la solución debería ser una “simplificación general de importaciones” en todo el país. Además, sobre la reducción de aportes patronales, señaló que “muestra que nuestros impuestos son tan altos que solo así se puede generar empleo formal”, destacando que esto es un problema nacional, no solo fronterizo.
En definitiva, lo que menciona De Brun es que el problema de la economía de Uruguay no está solo en las fronteras, donde se nota más, sino en todo el territorio nacional. De todas formas, resulta fundamental –mientras tanto– reducir y aliviar la situación de muchos compatriotas que dependen de estas medidas para seguir adelante con sus propios emprendimientos o bien para seguir comprando los productos de su canasta básica en nuestro país y no en el vecino, ocasionando una espiral de pérdidas.
Al final de cuentas, Uruguay tiene tres cuestiones de fondo que deberá resolver en el mediano plazo que son cómo proteger a los sectores productivos sin caer en medidas proteccionistas que perjudiquen al consumidor, cómo fomentar el crecimiento sin desbalancear las cuentas públicas y cómo mejorar la competitividad sin erosionar los salarios y el poder adquisitivo.
Para el nuevo equipo económico, el margen de acción es limitado, pero existe. La clave estará en la capacidad de coordinar políticas macro y micro, estimular la inversión productiva, y lograr acuerdos que trasciendan los ciclos electorales.
Mientras tanto, en la frontera, el termómetro social marca alerta, no solo en el sentido económico, sino también en temas como seguridad, educación y salud.<<
