Los años nos han dado la oportunidad de vivir la historia reciente del país, particularmente todo lo sucedido durante la segunda mitad del siglo pasado.
Mi primer recuerdo en materia política fue la victoria del Partido Nacional en 1958, después de noventa y tres años de gobiernos colorados. Con mi madre y hermana acompañamos a mi padre, electo diputado por el Movimiento Popular Nacionalista, en los festejos por 18 de Julio, participando así por primera vez en mi vida de una manifestación de júbilo popular. A los pocos meses y en la misma avenida, siendo niño y de la mano de mi madre, presencié también una emocionante escena de congoja popular, cuando pasaba el cortejo fúnebre de Luis Alberto de Herrera, cuyo féretro se trasladaba desordenadamente sobre la cabeza de una muchedumbre dolorida.
Recuerdo una época de crispación política que no iba más allá de lo verbal, el Partido Colorado había traspasado el poder de manera irreprochable, despejando dudas sobre una ilegítima pretensión de perpetuarse en el poder, que los hechos desmintieron. La muerte de Herrera mereció hasta un respetuoso discurso del máximo dirigente del Partido Comunista de entonces, el señor Rodney Arismendi, que elogió la defensa del interés nacional de Herrera, a quien el comunismo había pedido encarcelar. Los enfrentamientos políticos se desarrollaban, no obstante las intensas pasiones de los protagonistas, en un clima de respeto al orden jurídico y a los principios de convivencia democrática.
Lamentablemente, a impulso de intereses que no eran los de nuestro país, comenzó a gestarse un interesado desgaste de la normal convivencia, un desprecio de las alternativas políticas vigentes y una permanente instigación a violentar la convivencia pacífica entre los orientales y a demoler sus instituciones políticas.
El año 1963 marca sin duda un hito como fecha en que se produce el conocido robo de las armas del Tiro Suizo en Nueva Helvecia por el autodenominado Movimiento de Liberación Nacional, que a partir de ese momento desarrolló una inusual y progresiva violencia, que generó una crisis política sin precedencia en nuestro país durante las últimas siete décadas. Las acciones primero tuvieron un giro robinhoodesco, con rapiñas de camiones de alimentos que luego se repartían en barrios humildes, para luego asumir su cara más violenta con rapiñas a particulares e instituciones financieras, secuestros, torturas y homicidios fríamente concebidos y ejecutados. Los secuestros, torturas y homicidios estremecieron a la sociedad nacional y motivaron manifestaciones de repudio multitudinarias. No obstante existir numerosos testimonios escritos y gráficos de estas tropelías, los medios de comunicación masiva los han silenciado, los estudios históricos sistemáticamente los ocultan y en definitiva una evidente conspiración del silencio los rodea. Simultáneamente, una pléyade de comunicadores e historiadores se dedican a divulgar una pseudo historia para el Delfín, que reinventa la historia y en el mejor de los casos se limita a minimizar las atrocidades del violentismo marxista en la historia reciente, cuando no lo exonera de toda responsabilidad en el quiebre institucional posterior.
Las nuevas generaciones ignoran que el descalabro institucional provocado y las afectaciones a la seguridad y los bienes ocasionados por las reiteradas tropelías de diversos movimientos que acudieron a la violencia armada de manera cruel y descarnada en los años 60 y 70 terminaron generando que el Parlamento de la época, de incuestionable legitimidad democrática, declarara el estado de guerra interno y convocara a las Fuerzas Armadas a asumir la responsabilidad de restaurar el orden. Dicho pronunciamiento fue aprobado por 97 votos en 118 por la Asamblea General de la época, obteniendo la unanimidad de votos del Partido Nacional y el Colorado, lo que da la pauta de la gravedad de una situación que a los contemporáneos nos pareció inédita.
Luego vendrían los pronunciamientos militares que supusieron un golpe de Estado dado en etapas, desde el 9 de febrero de 1973, que contó con el beneplácito del Partido Comunista largamente expuesto en el diario El Popular del 11 de febrero siguiente, así como el 27 de junio de 1973, cuando que se disolvió el Parlamento. Estos hechos y la represión desatada para desarticular a los grupos terroristas y al fuerte aparato armado del Partido Comunista, que según alguno de sus dirigentes era más poderoso que el del MLN, es prácticamente la única parte de la historia que se repite machaconamente, como si la declaración de guerra interna no hubiera existido previamente, dado la necesidad de las fuerzas democráticas de ponerle coto al terrorismo.
La restauración democrática pretendió borrar y empezar de nuevo y se aprobó una generosa amnistía para los terroristas, así como suculentas reparaciones económicas que aún pagamos, hasta por supuestos atropellos cometidos durante un gobierno indiscutiblemente legítimo del Partido Colorado electo en 1967, que esta colectividad política ni se molestó en corregir durante la pasada legislatura. Simultáneamente se dictó una ley denominada “De caducidad de la pretensión punitiva del Estado” para amnistiar los delitos que se pudieran haber cometido durante el régimen de facto, con la pretensión de reimplantar la fórmula de paz de fin de la Guerra Grande, o sea ni vencidos ni vencedores. Esta ley fue refrendada por dos pronunciamientos populares y olímpicamente desarmada por una mayoría circunstancial de legisladores frentistas, sin que los partidos tradicionales durante el anterior gobierno tuvieran el coraje de restablecer la ecuación de paz, a pesar de los proyectos de Cabildo Abierto para derogar una norma que enmienda ilegítimamente los dos pronunciamientos populares anotados.
Como resultado de ello, así como del éxito de la psicopolítica marxista, se obtuvo no ya la condena al golpe de Estado, sino también la exoneración de responsabilidad de los grupos armados y sus agentes, su reparación económica e histórica, seccionando de la narración de los hechos los orígenes y causa de la irrupción militar en la política. Como corolario se imprimió en vastos sectores de la población y particularmente entre los más jóvenes una falsa historia, debidamente seccionada, que hace de los victimarios víctimas y condena exclusivamente a las Fuerzas Armadas, alentando venganza contra algunos de sus integrantes, a los que ilegítimamente se les pretende presentar como reos de lesa humanidad, utilizando al efecto una Justicia Penal domesticada y construida para la operación en cuestión.
La operación venganza ya fue denunciada incluso por la exministra de Defensa Nacional Dra. Azucena Berruti y el exministro de Defensa Fernández Huidobro, y más acá en el tiempo por el expresidente José Mujica y la exsenadora Lucía Topolansky. Si nuestra Justicia Penal funcionara adecuadamente las denuncias de venganza y falsos testimonios acusatorios contra militares o cualquier otra persona deberían haber sido investigados hasta el hueso. Sin embargo, nada ha ocurrido, ni siquiera un libro de una exfiscal con denuncias gravísimas sobre la actuación política de fiscales penales ha movido ni un atisbo de preocupación por investigar y corregir errores. Lamentablemente ello no ha hecho más que desprestigiar un sistema de justicia que supo ser orgullo del país y nos distinguió en el ámbito internacional. Los buenos jueces y fiscales, que los hay, parece que tienen vedado intervenir en una materia donde hay una operación escarmiento y venganza cada día más evidente. Digamos de paso que los militares y policías presos hoy día hace cincuenta años eran unos jovencitos que ocupaban cargos de ínfima jerarquía y que los jerarcas responsables de las unidades en que revestían se encuentran muertos, por lo que la venganza y las supuestas responsabilidades se hacen caer cincuenta años después por quienes desarrollaban tareas de escasa importancia siendo veinteañeros.
Se ha arrasado en el juzgamiento de estos compatriotas todos los principios del derecho penal clásico, la presunción de inocencia, la prescripción de los delitos, el sentido de la prisión preventiva, el rechazo a la incriminación por mera convicción, etc. Durante el anterior gobierno se pudieron haber corregido estas situaciones pero los partidos tradicionales no quisieron asumir la responsabilidad de hacerlo y hoy desde esas filas surgen voces que claman contra estos atropellos que se toleraron a pesar de los reclamos y planteos legislativos de Cabildo Abierto. Honestamente, nos parece contrario a la más elemental ética agitar banderas de justicia para ganar votos, para el también cada vez más menguando caudal electoral de colectividades que se negaron asumir la solución de una injusticia.
Hoy gobierna el Frente Amplio, sería una cruel mueca del destino que la injusticia se corrija durante este período de gobierno, sin embargo, levantaríamos la mano para que ello sucediera, si estuviera dentro de nuestras posibilidades, porque las víctimas de esta injusta situación cuentan con nuestra solidaridad a pesar de que no conocemos a ninguna personalmente, pero además porque desearíamos que se restableciera in totum el prestigio de nuestra Justicia.
