Gustavo Licandro, economista y político con trayectoria en el sector público y privado, en nota concedida a La Mañana, se refirió a la actualidad de la política económica en nuestro país.
El ministro de Economía expresó en un almuerzo de ADM que los ingresos tuvieron una distribución desigual desde el último gobierno del Frente Amplio. ¿Cómo se interpreta esta afirmación?
La distribución de ingresos analizada como se hace históricamente y las convenciones de análisis, efectivamente, pueden dar que haya habido alguna mayor desigualdad en la distribución. Lo cierto es que, en realidad, lo que venís teniendo es un incremento del salario real en el gobierno anterior y un aumento de los salarios reales en el sector público también, que son en definitiva los compromisos que habían asumido en la Ley de Presupuesto y en los anuncios del Consejo de Salarios. Yo creo que no es un problema cuando tenés un crecimiento económico –y, de hecho, los niveles de ingresos en términos contrarios están subiendo– si hay un poco más o un poco menos de diferencia en la distribución del ingreso. Eso no es un problema para un país, porque en definitiva todos están mejorando, algunos más, otros menos. Pero si lo mirás, por ejemplo, en el período de gobierno, tendrías entonces que lo que aumentó fuertemente en la participación en ingresos fue el empleo público, en el sector privado hubo desempleo, los salarios bajaron y, sin embargo, el sector público siguió creciendo. No sé si ese es un tema tan relevante o simplemente termina siendo un fundamento o una excusa para llevar adelante algún otro tipo de política de distribución de ingresos, básicamente la política salarial, que es lo que entra en discusión en estos días, porque de hecho lo más importante que se viene en estos meses son las pautas del gobierno en materia salarial y la discusión de los consejos salariales.
Cuando el gobierno actual habla de asumir deudas del anterior, se anuncia un ajuste de impuestos o modificaciones tributarias. ¿Cómo se realizarían y qué efectos tendrían?
Respecto a la situación fiscal que dejó el gobierno anterior, lo vengo diciendo, primero como prescripción cuando aprobaron la Ley de Presupuesto en 2020 y entró en vigor ese año, y lo estuve diciendo durante todos los años pasados: la situación fiscal iba a terminar en niveles similares a los que terminó con el Frente Amplio en 2019. Y, efectivamente, la situación fiscal consolidada termina en un déficit fiscal muy cercano al 5% del producto, hasta algo un poquito más alto que el déficit fiscal que dejó el último gobierno del Frente Amplio. Todo eso se financia con deudas públicas. Entonces, en realidad, creo que el gobierno anterior y este partieron de un diagnóstico equivocado de lo que había pasado, porque ambos dijeron en la campaña electoral que el gasto había bajado, que se habían restringido los gastos sociales. El gobierno anterior decía que manejaba las cosas con responsabilidad y austeridad, y la verdad es que no hubo ni responsabilidad ni austeridad, fue gasto público. Hoy está algo arriba del 36% del producto, con un producto que creció, y con muchísimos mecanismos indexatorios, además de los salarios, que han sido incorporados en el funcionamiento del presupuesto nacional. Así que, en definitiva, no debería haber sido sorpresa si ambos lo hubiesen analizado correctamente.
¿Entonces cómo se consideraría la situación fiscal?
La situación fiscal es mala, se financia esencialmente con deuda pública. Para corregir el déficit fiscal lo que hay que hacer es ponerle un yunque encima al gasto público. No empezar a mover impuestos, lo que claramente siempre termina en alguna discusión, siempre uno se va a quejar y otro no. En definitiva, acá lo que tenemos es un problema de gasto público. Más del 36% del producto es un gasto público excesivo, espectacularmente alto, con una presión tributaria de 30-31% del producto. Estos cinco puntos de déficit se financian con deuda, que trae aparejado, básicamente, atrasó en el tipo de cambio por el exceso de dólares en el mercado. Cuando además esos dólares pasan a pesos, el Banco Central trata de esterilizar los pesos, sube la tasa de las letras, entran más dólares y hay más oferta de dólares y el tipo de cambio baja, como ha estado pasando todo este año y seguramente va a seguir pasando. Entonces, el camino no son los impuestos. El camino, si quieren bajar el déficit, es bajar el gasto. ¿Eso lo habría hecho el gobierno anterior? No. La prueba demuestra que hizo lo contrario. ¿Lo va a hacer este gobierno? Es complicado que lo haga, porque todos los anuncios son de más gasto público vinculado a exigencias y políticas sociales que quiere llevar adelante.
Desde la asunción, el ministro Oddone dijo que la inversión es el corazón de la economía. ¿Están dadas las condiciones en el país para que lleguen las grandes inversiones?
No. Hace ya varios años que la inversión viene bajando en Uruguay. Sacando algún período entre 2012 y 2015 en el que estuvo un poco por encima del 20%, la inversión está en 17-18% del producto. De hecho, el año pasado fue 17%. Uno puede estimar la amortización de capital, hay varias actualizaciones de los viejos trabajos del Banco Central por los que hoy más o menos se requiere 14 o 15% del producto como reposición del capital, o sea amortización del capital. 15% de inversión bruta implica que el capital ni sube ni baja, se mantiene el stock de capital del Uruguay. Si la inversión bruta es 17%, menos 15%, te da que la inversión neta en Uruguay son dos puntos porcentuales. Si ese 17% se compara con el resto del mundo, donde es 27%, y con países similares a Uruguay, donde es 24 o 25%, ¿qué le pasa a Uruguay? Tiene una presión fiscal muy alta, una presión tributaria muy alta, regulaciones que solo crecen desde 2005 en adelante en todas las oficinas públicas y en todos los ministerios. Un mercado laboral muy regulado, que reincorporó en 2005 las negociaciones colectivas, los consejos de salarios, que también le quitan competencia y flexibilización al mercado de trabajo. Así que yo creo que Uruguay está en camino de un proceso de desinversión, no de inversión. Y como no veo ningún anuncio tendiente a reducir el Estado y a flexibilizar el mercado de trabajo, por ejemplo, me está costando imaginar decisiones de los empresarios de incrementar su nivel de inversión en el país. Si uno mira las exoneraciones de impuestos a través de los regímenes especiales, por ejemplo, la Comap cuesta un punto y medio de producto por año. Y la inversión neta de Uruguay no sube, o sea que básicamente les estamos exonerando impuestos a inversiones que se habrían hecho de cualquier manera, básicamente en camino de mantener el stock de capital. Entonces, ¿qué está promoviendo la Comap? Nada, lo que está haciendo es regalándole fondos de la sociedad a personas que tienen la condición de presentarse a pedir esas exoneraciones. Pero eso implica plata de la sociedad. Hay una burocracia que está en condiciones de entregarle dinero al sector privado. Eso es como que tú recaudarás los impuestos y se los regalaras o llevaras a alguien. Todo este tema de los regímenes promocionales ciertamente debería ser revisado en su magnitud y en su efecto, porque, repito, creo que hay muchos casos en los cuales el impacto no es el deseado, por ejemplo, los regímenes promocionales de inversión de la Comap.
