El Sindicato Único de Trabajadores del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (Suinau) elaboró el documento Niños, Niñas y Adolescentes del Uruguay en Emergencia. Aportes del Suinau para el INAU 2025-2030, donde se identifican problemas en los programas del instituto y se proponen medidas para el próximo quinquenio.
El informe fue presentado en un acto donde estuvo el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, la vicepresidenta, Carolina Cosse, y el presidente del sindicato, Joselo López. El documento busca que el INAU reestructure su funcionamiento, aumente los recursos humanos y adapte sus lógicas de intervención para responder a las necesidades actuales de la infancia y adolescencia, fortaleciendo su rol rector en la articulación interinstitucional.
En 2023, el INAU atendió a 144.617 niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, los vínculos laborales disminuyeron de 4771 en 2019 a 4683 en 2023. El documento señala la necesidad de fortalecer los “equipos técnicos y especializados” en toda la institución para mejorar la calidad de la atención.
Por ejemplo, en el programa Primera Infancia, se supervisa aproximadamente mil centros de atención, incluyendo CAIF, CAPI, Espacios de Cuidado para hijos de estudiantes, centros Siempre, Casas Comunitarias de Cuidado y centros privados. Se señala que existe una “infraestructura ineficiente”, falta de “protocolos claros” y una supervisión centrada en el “control de recursos” y “cumplimiento normativo” en lugar de acompañar a los equipos y mejorar prácticas.
El Suinau propone en este sector “capacitación”, “mejora de condiciones laborales”, “rediseño del sistema de supervisión”, “fortalecimiento del área de desarrollo programático” y mayor “articulación intra e interinstitucional”.
En el caso del Programa Infancia, supervisa Clubes de Niños para menores de 6 a 12 años, gestionados directamente por el INAU o en convenios. El documento señala que “el aumento de la pobreza impacta en la desprotección de los niños, limitando su acceso a una vida libre de violencia, educación, recreación” y un “entorno familiar estable”. También se indica que los equipos de los Clubes de Niños realizan un trabajo “artesanal” para cubrir necesidades básicas, como entrega de alimentos o coordinación para reparaciones en viviendas. Esto lleva a soluciones temporales, como la “internación”, para garantizar la seguridad de los niños.
La atención a adolescentes (Programa Adolescencia) se realiza mediante “servicios de 24 horas” y “modalidades de tiempo parcial” en convenio con organizaciones de la sociedad civil. El sindicato de INAU indica que hay problemas de “gestión y coordinación, restricciones presupuestales e infraestructura deficiente”. A esto se suma dificultades para la atención individualizada y falta de estrategias para el egreso de adolescentes hacia la “autonomía con proyectos de vida viables”. Sobre menores en situación de calle el documento destaca la falta de “respuestas institucionales ante la desintegración social”, que agrava la situación de niños y adolescentes en calle. Otro aspecto cubierto por INAU es la fiscalización de espectáculos públicos. En este sentido, se señala que esa fiscalización enfrenta problemas debido a la “autonomía de las direcciones departamentales”, lo que genera “fragmentación en la gestión”. La normativa vigente “no se adapta a los cambios sociales y culturales”, y en Montevideo la actividad inspectiva ha disminuido, especialmente en horario nocturno. En zonas de frontera, se identifican riesgos de explotación sexual en moteles.
Falta de sistemas de suplencias
El politólogo Marcelo Castillo, colaborador en la elaboración de un documento, dialogó con La Mañana. Señaló que dicho documento tiene como objetivo realizar un aporte a las acciones del INAU, tanto en su labor cotidiana como en su coordinación con el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Salud Pública y ASSE. También indicó que el sindicato elaboró un primer informe en 2023, presentado a precandidatos de todos los partidos relevantes, donde se constataba la “situación de gravedad” de la infancia y adolescencia y este documento proponía un plan de emergencia con medidas como reforzar las transferencias monetarias y atender la salud mental.
Castillo afirmó que uno de los puntos centrales es la “total carencia e insuficiencia de recursos humanos” en la institución. Señaló que el INAU cuenta con aproximadamente 4700 vínculos laborales, pero, según una declaración del vicepresidente del INAU, se necesitarían al menos 6000 funcionarios. “No existe un estudio claro sobre la demanda de personal en los diferentes servicios, lo que dificulta estructurar los turnos y prever rotaciones para licencias o ausencias”, sostiene, y “no se tiene una lógica de rotación en los funcionarios”, comparando la falta de un sistema de suplencias con los existentes en ASSE o la educación.
El documento, según indicó Castillo, recomienda fortalecer la capacitación de los funcionarios y repensar los procesos de trabajo. Afirmó que es necesario revisar la institucionalización de niños en situación de vulnerabilidad, ya que “no todos los niños en situación de especial vulnerabilidad” requieren estar institucionalizados todo el tiempo. Por otra parte, destacó carencias en los hogares de 24 horas, tanto en recursos humanos como en instalaciones, y en los procesos de adopción. Otro punto es la falta de servicios de tiempo parcial, como clubes de niños y centros juveniles, en algunos territorios. Esta ausencia, combinada con la desvinculación educativa en la adolescencia, crea “una bomba de tiempo” en ciertas zonas, generando “una oferta para situaciones delictivas” y mano de obra para redes delictivas.
Cambios en “situación de calle”
El politólogo expresó que los programas calle del INAU necesitan actualización, ya que las dinámicas de los niños y adolescentes en situación de calle han cambiado. “Ya no tenés situaciones de calle con la vieja dinámica donde veíamos a niños y adolescentes haciendo calle en las principales arterias del área metropolitana”, afirmó, señalando que las nuevas modalidades requieren perfiles de atención distintos. Por esta razón el documento plantea “repensar muchas lógicas de intervención” para adaptar los programas a estas realidades.
En relación con los hogares del INAU, la institución opera hogares oficiales de 24 horas y servicios de tiempo parcial, como CAIF, clubes de niños y centros juveniles, muchos de ellos en convenio con organizaciones sociales. La mayoría de los servicios de 24 horas son oficiales, mientras que los de tiempo parcial suelen ser gestionados por terceros. A diferencia del Inisa, donde hay privación de libertad decretada por el sistema penal juvenil, los hogares del INAU trabajan con niños y adolescentes con derechos vulnerados, sin reclusión. Nuestro entrevistado dijo que esta diferencia genera desafíos, ya que el INAU busca reparar situaciones de vulneración, como falta de vivienda o alimentación, insertas en problemáticas mayores, como explotación sexual o redes de trata.
Es por eso por lo que se plantea que resolver estas situaciones requiere un acompañamiento inmediato de otros organismos, como el MSP, el Poder Judicial y la policía. “Vos retirás a la chiquilina que está inserta en una red de explotación sexual y necesitás el apoyo inmediato”, puso como ejemplo. Indicó que el INAU debe ejercer un “rol de organismo rector”, articulando con otras instituciones, pero enfrenta limitaciones en sus capacidades para liderar estas coordinaciones.
En cuanto a la salud mental, si bien se invierte un volumen importante del presupuesto en la atención de niñas, niños y adolescentes, especialmente en casos agudos que requieren internación en clínicas privadas, la institución enfrenta una “seria afectación” en la complementariedad con el Sistema Nacional Integrado de Salud, lo que la obliga a desarrollar acciones con capacidades reducidas. “Casi no cuenta con psiquiatras”, expresó, indicando que el plantel se ha disminuido año a año. Propuso que el INAU desarrolle su propia atención con capacidades reales o que se coordine de manera efectiva con ASSE, el MSP o la Junasa para atender crisis derivadas de consumo problemático, explotación o abuso.
Castillo también destacó las dificultades en la salud mental de los funcionarios. El personal enfrenta un “desgaste emocional y psicológico” al trabajar con niños y adolescentes en situaciones de vulneración, sin herramientas institucionales para abordarlo. “En los papeles existe un área de salud ocupacional, en la cotidianidad esa área no funciona”, dijo, aunque las nuevas autoridades han expresado la intención de poner en marcha esta área, aunque aún no se ha implementado.
