El Círculo Uruguayo para la mejor Gobernanza de las Organizaciones (CUGO) busca fortalecer la gobernanza en Uruguay, por lo cual propone una ley para profesionalizar la designación de autoridades en organismos públicos y plantea cambios que aseguren una continuidad más allá de cada gobierno. Uno de sus integrantes, Jorge Ottavianelli, dialogó con La Mañana sobre la importancia de la iniciativa. “Lo que mejore la gobernanza de las empresas públicas va a redundar en mejores resultados para todo el país”, remarcó.
CUGO presentó un proyecto de ley que busca mejorar la transparencia y la profesionalización en la designación de jerarcas de entes autónomos, servicios descentralizados y otras entidades donde el Estado tiene participación.
La presentación se realizó durante el primer Foro CUGO, que tuvo lugar el pasado 11 de setiembre y contó con la participación de autoridades nacionales y referentes en el ámbito del liderazgo de las organizaciones a nivel nacional e internacional.
La iniciativa, que apunta a mejorar los métodos y las restricciones para designar autoridades en organismos públicos, consiste en una declaración interpretativa del artículo 187 de la Constitución de la República, que regula el procedimiento de selección de miembros de directorios y directores generales no electivos. Su fin es establecer criterios claros y objetivos en el proceso, asegurando que las personas designadas cumplan con condiciones personales, funcionales y técnicas acordes al cargo.
Las condiciones personales incluirán ausencia de antecedentes judiciales en su contra, sanciones disciplinarias graves o conflictos de interés, además de cumplimiento de prohibiciones, incompatibilidades e inhibiciones legales. Las condiciones funcionales estarán dadas por trayectoria laboral y experiencia en gestión o dirección. Las técnicas, en tanto, se acreditarán por formación académica o notoria experiencia en el tema. Esto se comprobará en forma de declaración jurada y currículum vitae, junto a informes de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC) y títulos correspondientes.
Toda información que respalde estos criterios será de acceso público, reafirmando la Ley 18.381 de acceso a la información. El proyecto también
busca que estos criterios se apliquen a representantes del Estado en personas públicas no estatales y sociedades comerciales con participación estatal.
Por otro lado, propone escalonar la renovación de los directorios, de modo de evitar la sustitución total al inicio de cada período de gobierno, garantizando así continuidad y memoria institucional en las empresas públicas.
“Este proyecto aporta garantías para que toda designación esté sustentada en la idoneidad, independencia y transparencia. Se apunta a fortalecer la gobernanza del Estado y, como consecuencia, la confianza de la ciudadanía”, había afirmado Jorge Ottavianelli al culminar el Foro CUGO, donde se anunció el proyecto de ley.
¿Cómo surgió CUGO y cuáles son sus objetivos principales?
Desde 2021, CUGO reúne a profesionales que tienen en común el objetivo de mejorar las prácticas de gobernanza en Uruguay. Nuestro grupo incluye directores, accionistas, propietarios, miembros de alta gerencia, auditores internos y externos, académicos, consultores, expertos en cumplimiento y otros que comparten un propósito común: promover un desarrollo sostenible basado en una gobernanza sólida y ética. En 2023 lanzamos la Primera Encuesta sobre Gobernanza en Uruguay junto a universidades destacadas del país. En 2024 nació formalmente la organización y este año realizamos el primer foro anual sobre gobernanza.
¿Qué los motivó a impulsar el proyecto de ley para profesionalizar la designación de autoridades en organismos públicos?
Las empresas públicas son las mayores empresas del país. Lo que mejore la gobernanza de ellas va a redundar en mejores resultados para todo el país. Van a brindar mejores servicios, tener mayor competitividad, menor déficit fiscal. Lo que CUGO pretende con este proyecto es aportar un primer tema para el debate de cómo se gobiernan las empresas públicas, y construir entre todos una mejora.
¿Cuáles son los mayores problemas que presenta el actual sistema de designaciones?
En Uruguay vemos que cada cinco años se construyen acuerdos políticos, muy necesarios, por cierto, para llegar a un consenso mínimo en el nombramiento de los directorios de las empresas públicas. Estos acuerdos, como dijimos, válidos e importantes, no siempre incluyen un análisis específico y exhaustivo del cumplimiento de las condiciones establecidas en el artículo 187 de la Constitución de la República, por parte de cada persona propuesta para el cargo en cuestión. El artículo 187 de la Constitución dice que el candidato o la candidata propuesta debe cumplir con condiciones personales, funcionales y técnicas. Desde nuestro punto de vista, estos temas muchas veces no son parte del análisis ni de los acuerdos.
¿Cuáles son los principales cambios que propone esta iniciativa respecto al procedimiento actual?
Proponemos un proyecto de ley interpretativo de este artículo de la Constitución, especificando cuáles son las condiciones personales, funcionales y técnicas que deben cumplir las personas propuestas. Así, por ejemplo, entre las personales deben cumplir con la ausencia de antecedentes negativos en materia penal, o ausencia de sanciones administrativas graves, o no tener conflictos de interés respecto del organismo para el que fue propuesto. En relación con las funcionales, se valorará la trayectoria profesional o laboral y, en cuanto a las técnicas, la trayectoria académica o la notoria experticia que el candidato posea. Para valorar esto, la persona debe presentar la documentación que avale estos requisitos, y dicha documentación debe ser tenida en cuenta por el Poder Ejecutivo y por el Senado de la República, además de ser de conocimiento público.
¿Qué rol deberían tener organismos como la Jutep o la ONSC en este proceso?
Deben informar al Poder Ejecutivo sobre la trayectoria de los candidatos, sobre posibles antecedentes o sanciones que podrían tener.
¿Cree que hay voluntad del sistema político para hacer una reforma de este tipo? ¿Lo han conversado con los partidos?
En nuestro foro anual lo presentamos a la opinión pública. Ahora comienza la etapa de diálogo con el gobierno y los partidos. Entendemos que muchos de estos temas son de preocupación y debate diario –idoneidad de los directorios, conflictos de interés–, así que creemos que va a haber buena receptividad para que esta propuesta sea tomada en cuenta y seguramente mejorada por todo el sistema político.
¿Cuál es la propuesta para contrarrestar la pérdida de continuidad que se da con cada cambio de gobierno?
En el último artículo del proyecto proponemos establecer diferentes momentos para las designaciones de los miembros de los directorios de los entes autónomos y servicios descentralizados, así como distintos períodos para sus respectivos mandatos, de modo de dotar de continuidad y memoria institucional a dichos directorios. Posiblemente una de las falencias más destacadas en los cambios de gobierno sean los impactos negativos para la gestión de las empresas públicas que implica la sustitución completa de los integrantes de sus órganos al inicio de cada período de gobierno.
