La Asociación Civil Somos Todos Uruguayos manifestó su “consternación y sorpresa” ante la decisión de las autoridades nacionales de volver a emitir la versión anterior del pasaporte uruguayo, en reemplazo de la nueva versión de pasaportes biométricos puesta en circulación el pasado 16 de abril. En una carta difundida en redes sociales, la Asociación expresó que espera que los cambios “aseguren la libertad de circulación internacional de todas las personas con ciudadanía uruguaya, sin discriminación”.
En su comunicado, el colectivo señaló que “no contar con un pasaporte que cumpla con los estándares internacionales significará para algunas personas con ciudadanía legal […] quedar en condición de apatridia o estar en riesgo de serlo”. Recordaron que “el pasaporte es una herramienta clave para garantizar el derecho a la identidad individual, a la libertad y a la plena participación en la comunidad nacional e internacional de las personas con ciudadanía legal”. Y reclamaron que el documento de viaje “cumpla con los estándares establecidos en los convenios internacionales firmados por el Estado uruguayo”.
El comunicado conjunto de Cancillería y el Ministerio del Interior había informado que, si bien el nuevo pasaporte se ajusta a la normativa de la OACI y ha sido utilizado sin inconvenientes, dos países presentaron dificultades para el otorgamiento de visas de larga estadía. Por ello, se resolvió volver a emitir la versión anterior desde el 1.° de agosto y reemplazar en forma gratuita los documentos emitidos desde abril, dando prioridad a quienes deban viajar próximamente.
La Asociación representa a un grupo de ciudadanos, en su mayoría con ciudadanía legal, que trabajan para que su identidad como uruguayos sea reconocida plenamente en documentos como pasaportes y cédulas. Señalan que, a pesar de haber adquirido la ciudadanía de acuerdo con el artículo 75 de la Constitución, enfrentan situaciones de discriminación en controles migratorios y consideran que algunos de sus derechos fundamentales, como el derecho a la identidad y a la libre circulación, no están siendo adecuadamente protegidos por el Estado uruguayo. Indican que “unos 35.000 uruguayos y uruguayas somos considerados extranjeros en términos de nuestra identidad legal”, a pesar de contar con el derecho y obligación de sufragar.
