La causa de Conexión Ganadera se acerca a un punto de inflexión: en lo concursal, se presentará el inventario y la lista de acreedores en julio; en lo penal, se prevé la formalización de los tres principales imputados en junio. Consultado por La Mañana, el abogado defensor de damnificados, Juan Pablo Decia, afirmó que espera que se tipifique el delito de lavado de activos, lo que implicaría la prisión preventiva. Además, explicó cuáles fueron las fallas que permitieron que no se detectara el fraude por años.
¿En qué punto se encuentra actualmente la causa?
Estamos muy cerca de lo que va a ser un punto de inflexión en la causa, tanto en lo concursal, con la presentación del inventario y la lista de acreedores, cosa que está prevista para fines de julio, como en la vía penal, que está previsto que el fiscal Enrique Rodríguez, titular de la Fiscalía de Lavado de Activos, formalice la investigación penal ahora en junio. O sea, se solicitaría la audiencia de formalización y el juez tiene 20 días para convocarla.
¿Qué delitos se espera que sean tipificados?
Estamos muy expectantes de qué delitos va a tipificar el fiscal Enrique Rodríguez a los imputados. Por la información que tenemos, quienes resultarían imputados en el correr de junio serían Pablo Carrasco, Ana Iewdiukow y Daniela Cabral. No tenemos información certera de cuáles serían los delitos que va a imputar la fiscalía, pero en la carpeta investigativa hay elementos de sobra como para imputar delitos continuados y en régimen de reiteración real de apropiación indebida, estafa, asociación para delinquir, quiebra fraudulenta y, lo que es muy importante para nosotros, lavado de activos. La imputación por alguno de esos delitos que prevé la ley de lavado de activos tiene consecuencias muy importantes para el concurso porque a través del proceso de la investigación de lavado hay una obligación para el fiscal y para el tribunal de rastrear todos los activos que se pudieran haber adquirido con el producto de las actividades ilícitas precedentes, en este caso de la estafa, de la quiebra fraudulenta y de la apropiación indebida, y hay una obligación de incautar todos esos bienes muebles, inmuebles, cuentas bancarias, instrumentos financieros, e integrárselos a las víctimas de esos delitos que son los inversores que lograron verificar su crédito en el concurso.
¿Es esperable que se tome alguna medida cautelar?
Es bien importante la imputación del delito de lavado de activos porque de esa manera se presume que hay un riesgo de fuga o de entorpecimiento de la investigación y el fiscal está mandatado a pedir preceptivamente la prisión preventiva. Es dable esperar que el juez la decrete y se formalice la investigación con la prisión preventiva para los tres imputados.
¿Hay elementos suficientes en la causa como para sustentar esa imputación?
Yo creo que está palmariamente acreditado e incluso hay sendos informes de la Senaclaft [Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo] y de la UIAF [Unidad de Información y Análisis Financiero] del Banco Central que dan cuenta de la compra de bienes muebles e inmuebles con plata de los inversores, o sea, con plata que estaba depositada en las cuentas de Conexión Ganadera y Hernandarias. Esa plata estaba para comprar ganado y no para comprar campos, apartamentos en Punta del Este, apartamentos en Madrid, autos de alta gama, entre otros. Hay también una confesión de parte de los imputados, particularmente de Ana Iewdiukow y Daniela Cabral, que confesaron que usaban la plata de las cuentas de la empresa para comprar inmuebles y automóviles de alto valor, apartamentos y campos en favor de sus hijos, lo cual también los coloca a ellos en una situación bastante incómoda porque pueden ser responsabilizados por la ley de lavado de activos.
¿Estas compras que señala son los indicios de que hubo una maniobra de lavado o hay algo más?
Son indicios de la maniobra de lavado y también demuestran que hubo un vaciamiento de la empresa sostenido en los últimos cinco años, era una empresa que estaba dando pérdidas en forma sostenida desde el 2021. Pese a eso, los gastos aumentaron, pero no tenían que ver con el objeto de la empresa.
¿Qué riesgos se corren si no se imputa lavado de activos?
Yo confío en que el fiscal Enrique Rodríguez va a imputar uno o varios delitos de lavado de activos para los tres imputados, y en función de eso va a ocurrir lo que acabo de señalar. Si no lo hiciera, sería escandaloso, sería un muy mal comienzo de la investigación y algo muy preocupante porque, reitero, existe en la carpeta investigativa sobrada evidencia que le da la posibilidad al fiscal de formalizar por estos delitos. El doctor Enrique Rodríguez es de los mejores fiscales que hoy están en actividad, con una trayectoria intachable, pasó por todas las fiscalías del interior, de Montevideo, fiscalías especializadas. Es un fiscal que está preparado, que está muy bien formado y está en condiciones de llevar adelante una investigación como esta, que es complejísima desde todo punto de vista.
¿Cuáles son las expectativas de los inversores de recuperar, por lo menos, parte de lo perdido?
El recupero de los inversores se va a canalizar por dos vías. Por un lado, la vía del concurso, donde estamos esperando que se presente el inventario por parte del síndico, que está previsto para fines de julio. Ahí vamos a tener el pasivo de la empresa con la lista de acreedores, por un lado, y los activos por otro, y eso nos va a dar una relación activo-pasivo que va a marcar cuál es el déficit y cuáles son las proyecciones de cobro de los inversores. Nosotros no buscamos que se decomisen esos bienes, sino que se incauten y después, por el artículo 58 de la Ley 19574, puedan ser volcados al concurso para reparar a las víctimas que sufrieron los efectos de los delitos precedentes.
¿Qué fue lo que falló en cuanto a los controles y las alertas que no se detectaron antes de la debacle?
Esto se dio por un cúmulo de situaciones que contribuyeron al resultado final. Acá obviamente que hubo fallas de los controles que tiene que realizar el BCU como organismo que tiene la superintendencia económico-financiera en el país. Estos fondos ganaderos realizaban mayormente una actividad financiera disfrazada de una actividad ganadera, y el BCU debió advertirlo a través de sus controles y de las potestades que tiene como órgano rector de este tipo de negocios en Uruguay. También el Ministerio de Ganadería fue engañado por quienes hicieron un muy mal uso de un sistema como la trazabilidad ganadera, que es una marca país y es algo que genera un diferencial para Uruguay en la región. Esto nos expuso frente al mundo porque ese sistema que para nosotros da garantías y nos diferencia, era falible, pero no por fallas estructurales, sino por un uso deliberadamente engañoso y fraudulento de parte de los titulares de estos fondos ganaderos. Como elemento determinante hay una cuestión que tiene que ver con la confianza que estaba cimentada en una propaganda muy fuerte de estas empresas que les hacía llegar a los inversores que eran confiables, y la confiabilidad también estaba sustentada en que las rentas se pagaban, que es típico de un esquema Ponzi, donde las rentas de los más antiguos se pagan con las inversiones que van entrando. Entonces, es algo multicausal, fallas del Estado, excesos de confianza, una muy buena imagen de estos fondos en la opinión pública. Cuando esa confianza se rompe y los que están dentro del negocio no reinvierten y salen cuando se les vencen sus contratos, y los que están afuera ya no ven una oportunidad en el negocio y no invierten en esos fondos, se desmorona todo el castillo de naipes que fue lo que sucedió en los tres fondos ganaderos.
