Ante el aumento de los índices de pobreza, el economista Dr. Diego Aboal, consultado por La Mañana, analizó las medidas económicas para revertir esta situación y opinó también acerca de las declaraciones del ministro Oddone sobre posibles cambios tributarios.
Los números presentados por el INE hablan de un aumento significativo de la pobreza. ¿En base a qué se mide y cómo se soluciona?
El INE realizó una actualización metodológica para la medición de la pobreza que hizo que se duplicara con respecto a la medición anterior. ¿A qué se debe ese cambio en nivel? ¿La canasta de consumo básica se encareció? Ese dato corresponde a la pobreza por ingresos. Se calcula comparando el ingreso del hogar con una línea de pobreza que representa el costo de una canasta básica de bienes y servicios esenciales (alimentación, vivienda, transporte, etc.). Si el ingreso del hogar está por debajo del valor de esa canasta, el hogar es pobre. Sumando a las personas de todos los hogares pobres se llega a la cifra de pobreza en un país.
La actualización metodológica, que es muy bienvenida, implica cambios tanto en el valor de la canasta como también sobre cómo se computa el ingreso de los hogares. Por el lado de la canasta básica de consumo, fue actualizada a los estándares de consumo del año 2017, que son bastante más exigentes que los estándares con los cuales se medía antes la pobreza, que era con una canasta del año 2006 y con bienes menos sofisticados. Para ilustrar el punto, un hogar de Montevideo de una persona, inquilina, su canasta básica tiene un costo de algo más de 23.200 pesos a junio de 2024, mientras que por la metodología anterior era del orden de 20.500 pesos. Es decir, aumentó un 13%.
Por otra parte, antes se imputaban ingresos por Fonasa y por valor locativo (el valor implícito del uso de una vivienda propia) que hacía que los ingresos de los hogares fueran más altos que los considerados en la nueva metodología.
Se habla de una actualización de la canasta, ¿cuál sería el efecto?
La conjunción de una canasta más cara con niveles de ingresos corregidos a la baja, explican la diferencia de niveles de pobreza, que pasaron de 8,3% por la metodología vieja a un 17,3% por la metodología nueva. Aunque hay que destacar que, si bien el nivel cambió, la tendencia de largo plazo es igual con la metodología vieja y que con la nueva. Un tema menos hablado es la multiplicación por casi cinco en los niveles de indigencia debido al cambio metodológico, es decir en la cantidad de gente que no tiene ingresos suficientes para comprar una canasta básica de alimentos. Las personas en situación de indigencia alcanzan hoy alrededor de 50 mil con la nueva metodología. Esto se debe a ese elemento de imputación de ingresos que antes hacía que subiera “artificialmente” el ingreso. Pero, obviamente, la gente no podía “comer” el Fonasa o la vivienda. Es decir, en mi opinión, la medición ahora está más cerca de la realidad y hay que atender de forma urgente el problema de esos 50 mil compatriotas que viven en hogares que no tienen ingresos suficientes para comprar una canasta básica de alimentos.
Según los números publicados del INE la pobreza alcanza al 17,3% de las personas en Uruguay, ¿Cómo se analizan esos datos?
Cuando miramos la tendencia en el tiempo, la pobreza en el año 2024 es similar a la pobreza en el año 2019, previo a la crisis del covid, y más importante aún, se ha mantenido, con oscilaciones, en esos niveles en la última década. Esto muestra un estancamiento en el combate a la pobreza en el país que debe ser objeto de atención. Más importante aún, en un país donde la cantidad de nacimientos ha caído de 49 mil niños en 2015 a 30 mil en 2024, tenemos que un tercio de ellos (niños entre cero y cinco años) viven en hogares pobres. El país no puede admitir esto.
De acuerdo con lo que usted manifiesta, ¿qué desafíos tiene el país por delante?
El país tendrá desafíos muy importantes hacia el futuro bajo esta realidad. Solo por citar una dimensión económica del problema, la cantidad de trabajadores en el futuro caerá de forma drástica, lo que implica un desafío para dimensiones tales como la seguridad social y también la producción de riqueza y sostenibilidad del Estado de bienestar en el país.
Otro elemento estructural que muestran las cifras son las importantes asimetrías geográficas que persisten en el país. Así como en Estados Unidos existía el far west, en Uruguay tenemos el lejano norte. En los departamentos de la frontera norte (Artigas, Rivera, Cerro Largo) tenemos niveles de pobreza que duplican a los niveles de pobreza del río Negro hacia al sur. Es muy clara esa línea divisoria. Urgen políticas territoriales.
¿El problema de la pobreza se arregla solo con mayores transferencias monetarias?
Claramente, no. Recientemente el INE publicó un índice de pobreza multidimensional que muestra elementos más estructurales que propagan la pobreza de generación en generación. Los tres factores más importantes en esa medición son los vinculados a niveles educativos insuficientes (una de cada dos personas en Uruguay vive en hogares donde al menos un miembro no tiene un nivel educativo suficiente), informalidad laboral y precariedad en la vivienda (por ejemplo, pisos de tierra, techos de material de desecho, etc.). Estos tres factores tienen alta prevalencia en los hogares pobres y se retroalimentan y propagan la pobreza de una generación a otra. Esto evidencia que la pobreza y la pobreza infantil no son solo un problema de ingresos, sino de privaciones estructurales que deben ser atendidas.
Lo que también es importante señalar es que invertir en la infancia tiene retornos económicos y sociales comprobados. Según estudios del BID y Unicef, cada dólar invertido en la primera infancia puede generar entre 3 y 17 dólares de retorno futuro en productividad, salud y reducción de la pobreza crónica, dependiendo del tipo de intervención y el contexto en el que se dé. Entonces el combate a la pobreza infantil es, además, un excelente negocio.
En estos días se ha dado el debate en torno a la inversión de 32 millones en un campo por parte de colonización, ¿no habría que focalizar estos recursos en el combate a la pobreza?
Más allá del ejemplo concreto y sin querer entrar en la polémica, sí creo que lo que hay que entender es que el presupuesto total es acotado y entonces hay que elegir entre todos los usos posibles de los recursos. Para dar un ejemplo, como dije antes, una de las principales causas de la pobreza multidimensional es la vinculada a precariedad de las viviendas. Este componente explica un cuarto de la pobreza multidimensional en Uruguay. Si estos 32 millones lo invertimos en, por ejemplo, viviendas, podríamos construir unas 600 viviendas nuevas, que alcanzaría seguramente a unas 2000 personas sin soluciones habitacionales dignas. Si el dinero fuera invertido en reparaciones de viviendas con diferentes niveles de precariedad, el impacto podría ser aún mayor.
Para lograr tomar decisiones en un marco de usos múltiples de los recursos, hay que tener un marco conceptual que nos permita elegir entre estos. Yo creo que las distintas dimensiones e indicadores del índice de pobreza multidimensional pueden ser una excelente guía para la asignación de recursos y no solo eso, también como un tablero de control para evaluar el impacto de estos y la evaluación de la gestión de diversos organismos públicos. Si no se tiene un marco coherente, prioridades claras y alguien con poder político suficiente que esté detrás del monitoreo, se corre el riesgo de no lograr impactos significativos en materia de pobreza.
¿La situación fiscal es holgada para establecer planes ambiciosos en materia de combate a la pobreza infantil?
Holgada no es, pero es una cuestión de priorización. No tengo duda de que existen oportunidades de mejora de eficiencia en diversos ámbitos del sector público que permitirían reasignar recursos hacia allí. Además, como lo mencioné, difícilmente encontremos un mejor lugar para destinar los recursos, aun con consideraciones puramente económicas, el retorno es enorme. Es necesario que alguien en el gobierno se encargue de buscar e impulsar estas oportunidades de mejora de eficiencia en el sector público con el objetivo de conseguir los recursos necesarios para el combate a la pobreza y la pobreza infantil. Mataríamos dos pájaros de un solo tiro.
El ministro Oddone manifestó que la intención es “no aumentar la presión fiscal, lo que no quiere decir que no sea posible recurrir a cambios tributarios”. ¿Qué se deduce de esa afirmación?
La presión fiscal se define usualmente como el peso de los ingresos tributarios del Estado en relación con el producto interno bruto de un país. Es una medida que permite evaluar cuánto recauda el Estado en impuestos en proporción al tamaño de su economía. Por tanto, entiendo que se refiere a que esta presión no crecerá, lo que no significa que no se pueda cambiar, por ejemplo, el tipo de impuestos que se impone. Podría entenderse como una señal política y técnica que apunta a mantener constante el peso total de la carga impositiva sobre la economía, pero con espacio para modificar la estructura del sistema tributario.
En términos de la discusión anterior de recursos para la pobreza y pobreza infantil, en la medida en que no se aumente la presión fiscal, será necesario ser más eficientes en el gasto para atender estos problemas, a menos que el país logre niveles más altos de crecimiento económico.
