Han transcurrido 23 años desde que el escándalo del Banco Montevideo sacudió a Uruguay, dejando a miles de ahorristas en la ruina tras una de las estafas financieras más recordadas en la historia del país. El Banco Montevideo fue cerrado el 21 de junio de 2002. Como detalle, meses antes de su cierre, el banco había recibido la calificación más alta que otorga la agencia estadounidense Standard & Poor’s.
La escribana Alicia Barbani, una de las víctimas, ha sido el rostro visible de una batalla legal que ha llevado a los damnificados desde las calles de Montevideo hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En entrevista con La Mañana, Barbani señaló que esta lucha de más de dos décadas culmina con una compensación para solo 50 de los 1500 ahorristas iniciales.
Los inicios de la historia
El 21 de junio de 2002, los clientes del Banco Montevideo descubrieron que sus ahorros, depositados en cuentas corrientes, cajas de ahorro y plazos fijos, habían sido transferidos, en la mayoría de los casos sin su conocimiento ni consentimiento, a cuentas registradas en el TCB (Trade & Commerce Bank) de las Islas Caimán y cuyo propietario era el Grupo Velox, de la familia Peirano, al igual que Banco Montevideo.
“Yo tenía mi chequera, mis documentos con el número de cuenta del Banco Montevideo. Todo parecía en orden, pero cuando fuimos a reclamar tras el cierre del banco nos decían que nuestro dinero estaba en el exterior”, recuerda Barbani. El argumento era que los clientes habían firmado su consentimiento para sacar el dinero del país, pero resulta que el TCB también había quebrado, por lo cual no había dinero para pagarles a los ahorristas.
El caso no era un hecho aislado. La familia Peirano, accionista del Banco Montevideo, ya había protagonizado un escándalo similar en 1965 con el Banco Transatlántico. “Cuando presenté las pruebas ante la Corte Interamericana, llevé documentación de 2002 y 2003, pero también de los años 60. Era una réplica exacta de la estafa anterior, ejecutada por la misma familia”, explica Barbani. Esta repetición de maniobras fraudulentas evidenció un patrón de engaño sistemático que involucró cientos de millones de dólares.
Los ahorristas, muchos de ellos personas mayores que habían confiado sus ahorros de toda la vida al banco, se enfrentaron a una realidad devastadora. “No entendíamos cómo era posible. Yo misma tenía un plazo fijo en moneda extranjera, y cuando pedí retirar una suma para ayudar a mi hermano en plena crisis, me obligaron a firmar un contrato de prenda en garantía. Era una locura, pero lo firmé, confiando en el banco”, admite Barbani, quien, a pesar de su formación como escribana, confiesa que no sospechó que estaba siendo víctima de una maniobra dolosa.
La organización de los damnificados
Tras el quiebre del Banco Montevideo y cuando se les dijo que el dinero estaba en el exterior en otro banco que también había quebrado, la respuesta de los ahorristas no se hizo esperar. Alrededor de 1500 afectados comenzaron a reunirse y realizaron un encuentro. Barbani recuerda ese día de 2002. “Era un caos absoluto. Los abogados subían al estrado ofreciendo servicios como si fuera un remate, mientras la gente lloraba, desesperada. Ya había quienes se habían quitado la vida por la pérdida de sus ahorros. Grité que no éramos ganado en un remate, que habíamos perdido todo. Que debíamos salir a la calle, pelear por nuestros derechos. Desde ese día, no me bajé más”, señala.
Junto a María del Huerto Breccia, otra ahorrista afectada, comenzó a coordinar esfuerzos. “Nos reuníamos día y noche, revisábamos documentos, organizábamos estrategias. Era como un trabajo a tiempo completo, pero sin sueldo. Éramos víctimas, no cobramos un solo peso”, asegura. La magnitud de la estafa era multimillonaria: se estima que el Banco Montevideo desvió cerca de 800 millones de dólares, una suma que, sostiene, “no desaparece de la nada. Ese dinero no se esfumó; alguien se lo quedó”.
El primer paso fue presentar el caso al Banco Central del Uruguay (BCU) bajo el artículo 31 de la Ley 17.613, que establecía una comisión para evaluar los reclamos. Sin embargo, el resultado fue desalentador: solo 22 de los 1500 ahorristas fueron reconocidos como legítimos. Sobre este punto, Barbani señala que “era absurdo, una burla. Dijimos que esa comisión no actuaba con imparcialidad ni credibilidad jurídica”. Fue entonces que, tras agotar los recursos internos, cerca de 800 damnificados llevaron su caso a la CIDH. Este proceso, que requirió años de recopilación de pruebas y viajes, culminó en 2011 cuando la Corte de la Comisión declaró la responsabilidad internacional del Estado uruguayo por violar las garantías judiciales de 539 víctimas. “Fueron siete años de comparecencias, de presentar pruebas, de enfrentar al Estado. Fue agotador, pero sabíamos que era nuestra única chance”, explica Barbani.
Dos años después, en 2013, el Ministerio de Economía creó otra comisión bajo la Ley 19.085, que resultó en un nuevo revés: solo ocho ahorristas fueron reconocidos. “Era otra grosería. Los casos eran idénticos a los nuestros, pero nos seguían excluyendo”, sostuvo sobre este segundo paso nuestra entrevistada. La persistencia de los afectados llevó a una nueva revisión por parte de la CIDH, que en 2021 redujo el número de víctimas reconocidas de 539 a 344. Finalmente, un tribunal ad hoc, integrado por juristas que representaban a la Corte, a los damnificados y al Estado uruguayo, determinó que solo 50 ahorristas puedan recibir una compensación.
La decisión del tribunal para la exclusión de muchos reclamantes se basó en la existencia de formularios firmados por los ahorristas, como las “Condiciones Generales de Administración de Inversiones” y las “Instrucciones de Administración de Valores”. Estos documentos, según el tribunal, constituían un consentimiento válido, respaldado por artículos del Código Civil para que el banco manejara a discreción los fondos y en este caso llevarlos al exterior.
Sin embargo, Barbani argumenta que estas firmas en los documentos eran parte integral de la maniobra fraudulenta del banco. Al respecto explica que “la gente firmaba en blanco, sin fecha, sin leer, confiando en el banco. Yo misma, siendo escribana, firmé un contrato en garantía sin saber que era un engaño. Nadie leía esos formularios, como no los lee nadie cuando abre una cuenta. Firmábamos porque confiábamos, pero nos engañaron. Era una estafa orquestada”.
La escribana también destaca un episodio personal que ilustra cómo actuaba el banco. En 2002, cuando solicitó retirar parte de su plazo fijo para ayudar a su hermano, el banco le negó el acceso, alegando que estaba bloqueado. Tras insistir, la obligaron a firmar un contrato de prenda en garantía, que resultó ser otro instrumento fraudulento. “Me dieron un comprobante que decía ‘T/CD’, y cuando pregunté, me aseguraron que era un plazo fijo ‘preferencial’ porque era cliente VIP. Era mentira, pero me lo creí. Así engañaron a todos”, relata.
Compensación limitada y sin intereses
La compensación a los 50 ahorristas será con un tope máximo de 100 mil dólares por persona, sin importar el monto original depositado. “Si tenías 300 mil dólares, te dan 100 mil. Si tenías 80 mil, te dan 80 mil. No hay intereses, no hay reparación por daños. Es un pago limpio y eso duele”, explica. Los montos varían, hay casos de 5 mil dólares, 14 mil, 24 mil, 70 mil, 80 mil y alrededor de 10 depósitos que superaban los 100 mil dólares, pero en la devolución están todos limitados por el tope.
El proceso de pago está en marcha. Ahora se debe enviar los datos bancarios de los 50 beneficiarios a la Corte en un plazo de cuatro a seis semanas, tras lo cual el Estado uruguayo coordinará los depósitos. “Espero que en agosto de 2025 estemos cobrando. La Corte le pasa los datos al Estado, y ellos deciden cómo y dónde se paga. Es un trámite inmediato, según me aseguraron”, detalla Barbani.
Buscando a los beneficiarios
Cuando se la consulta sobre cómo vivió este proceso señala: “Vi familias destruidas, suicidios, infartos. Un ahorrista murió en mi casa de un ataque al corazón. El padre del mejor amigo de mi hijo se quitó la vida. Eso me marcó para siempre”. La mayoría de los beneficiarios actuales tienen más de 80 años, y muchos son herederos de los ahorristas originales, fallecidos en el transcurso de estas dos décadas. También sostuvo que su “cruzada” no estuvo exenta de amenazas de muerte contra ella y sus hijos. “Cuando te amenazan así, sabes que hay un delito. Eso me dio más fuerza para seguir. Nadie amenaza si no hay algo que ocultar”, afirma.
Dentro de los 50 beneficiarios está la propia Alicia Barbani, pero no quien la acompañó durante este tiempo: María del Huerto Breccia. Tampoco otros familiares suyos que tenían depósitos, como su esposo y sus cuñados. Asimismo, del grupo de beneficiarios no se ha podido localizar a Nelson García Comesaña, Manuel López García, Nilda Raineri, Rosa Reboa, Pablo Roure y Raúl Veiras, a quienes busca ya que se debe presentar la documentación a la brevedad.
Alicia Barbani finaliza indicando: “Mi mayor orgullo es haber peleado sin deberle nada a nadie. Mis padres, desde el cielo, deben estar orgullosos. Cuando vi a los responsables viviendo en hoteles cinco estrellas tras salir de prisión, supe que no podía rendirme. Ese dinero no se esfumó. Alguien se lo quedó, pero nosotros dimos pelea hasta el final”.
